El exministro socialista José Luis Ábalos admitió ante el juez del Tribunal Supremo (TS), según fuentes jurídicas, que no se realizó ningún informe para justificar la adquisición de ocho millones de mascarillas en pandemia, que finalmente se adjudicaron a Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama de reparto de comisiones, aunque matizó que «el marco legal lo permitía» por la situación excepcional de emergencia sanitaria. Ábalos trasladó al magistrado Leopoldo Puente, según esas mismas fuentes, que «en un ámbito tan flexible de contratación» era consciente de que «se podían cometer irregularidades» y eso «le preocupaba mucho». El que fuera titular de Transportes afirmó igualmente desconocer el destino final de dos millones de mascarillas, aunque afirmó que la responsabilidad al respecto recae en quienes se encargaron de la ejecución del contrato.
Ábalos contó –añaden– que fue Koldo «quien informó a Aldama de la orden ministerial» del contrato de las mascarillas y que, aunque entre sus funciones como ministro no figuraba la tramitación de los contratos, sí fue consciente de que existieron más ofertas aparte de la de Soluciones de Gestión. El investigado sí que insistió en que ni él ni nadie de su gabinete intervino directamente, como sostiene el informe de auditoría que encargo el actual ministro de Transportes, Óscar Puente (el único miembro del Gobierno de Pedro Sánchez que nombró en su declaración), y dijo desconocer por qué no se reclamó por el retraso en el suministro de las mascarillas.
Siempre según esas mismas fuentes, el ex secretario de Organización del PSOE explicó que como persona de su confianza y secretario personal, Koldo García «era la persona de referencia» para llegar hasta él. Ábalos no explicó si, como mantiene Aldama, tomó la decisión de nombrarle asesor al llegar a Transportes a instancias de Pedro Sánchez. Sí dijo que su relación con Aldama «siempre fue a través de Koldo».
En cuanto al empresario, corroboró que en febrero de 2019 viajó a México con Aldama (que puso en contacto a la delegación española con las autoridades del estado de Oaxaca con el proyecto del Tren Maya como objetivo prioritario), que según expuso ya entonces trabajaba para Air Europa, aunque la compañía informó el pasado junio al Senado por escrito de que no fue hasta septiembre de ese año cuando contrató al empresario para que mediara en el intento de cobrar una deuda de 200 millones de dólares del Gobierno venezolano.
Respecto a los 37 contratos que, según Aldama, habrían sido «preadjudicados» a cambio del supuesto cobro de comisiones, el exministro insistió en que solo uno de ellos se llevó a cabo en su etapa al frente de Transportes. Eso sí, según dijo desconoce si se aprobaron modificaciones al alza siendo él ministro, pero en este caso dejó claro que la responsabilidad era de los técnicos.
Ábalos se refirió a otro de los supuestos pagos en especie que, según declaró el comisionista en la Audiencia Nacional, percibió de la trama. Según afirmó, solo fue «tres o cuatro veces» al chalet de la urbanización La Alcaidesa en La Línea de la Concepción (Cádiz) y negó saber quién era el propietario (la empresa Have Got Time). Él solo quería alquilarla, explicó, y antes de decidirse Koldo le facilitó varios anuncios de casas en la zona. Pero desvinculó la vivienda de cualquier gestión en beneficio de Aldama.
Fuentes de las acusaciones señalan que el exdirigente socialista incurrió en una contradicción cuando refirió que antes de firmar con Aldama el 24 de abril de 2019 un contrato de alquiler con opción de compra de un piso en La Castellana (valorado según la UCO en 1,9 millones de euros), con el que en palabras del empresario le garantizó el cobro de futuras comisiones, no conocía a Aldama, pese a que en otro momento de su declaración explicó que conoció al comisionista dos meses antes, en febrero de 2019.
Ábalos abordó igualmente otra de las supuestas contraprestaciones recibidas, el pago del alquiler durante dos años del piso en el que vivía su pareja, Jessica Rodríguez, por el que la supuesta trama habría desembolsado casi 90.000 euros. Según contó, fueron Koldo, como su asistente personal, y su hermano Joseba los que se encargaron de tramitar el alquiler de la vivienda, al igual que de las gestiones para su contratación como auxiliar administrativa en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, de forma sucesiva. Y aunque según las fuentes consultadas admitió que ella le acompañó en varios viajes oficiales, dijo que sus gastos personales los pagaba Koldo y luego él se encargaba de abonárselos.
El exministro salió del Tribunal Supremo satisfecho porque, según dijo a los periodistas, a lo largo de más de tres horas no se había dejado «nada en el tintero». Pero no fue exactamente así, porque más de 300 preguntas se quedaron sin respuesta, las que iba a formular el PP en nombre de las siete acusaciones populares del «caso Koldo» –además de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa, Asociación Liberum y Adade–. Algo por lo que fuentes de la acción popular consideran que «hizo de la evasiva su estrategia judicial».
Entre otras preguntas que se quedaron en el aire están las que querían esclarecer si vio a Aldama en actos del PSOE, si sabía que Soluciones de Gestión era una empresa «de la órbita de influencia» de Aldama, o en qué consistía el supuesto sistema de «cupos» para el reparto de comisiones por adjudicaciones al que se refirió el comisionista. Las acusaciones populares querían también que Ábalos aclarase si existe un pacto de no agresión con el PSOE, las circunstancias del viaje de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España y si miembros de la presunta trama han llevado dinero a la sede socialista en Ferraz en algún momento. Y se quedaron igualmente con las ganas de preguntarle por qué empezó a buscar propiedades en Cádiz «a los pocos días del último contrato con Soluciones de Gestión».
