El condado de San Diego, en California, ha consolidado su posición como ciudad santuario al aprobar una nueva ordenanza que limita la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta medida impide que las fuerzas del orden local contacten a ICE sin una orden judicial, incluso en casos relacionados con delitos graves. Aunque ha generado apoyo entre defensores de los derechos de los inmigrantes, también ha desatado críticas de quienes consideran que compromete la seguridad pública.
Con su proximidad a la frontera con México, San Diego es un punto clave en el debate migratorio de Estados Unidos. Esta decisión, descrita como un paso más allá de las leyes santuario de California, representa un compromiso firme de proteger a las comunidades inmigrantes frente a políticas que puedan perjudicar a sus residentes.
La ordenanza, aprobada por la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, refuerza las leyes santuario al añadir restricciones a la cooperación con ICE. Según Nora Vargas, presidenta de la Junta, la intención es priorizar las necesidades locales y proteger a las familias inmigrantes, promoviendo la confianza entre las comunidades y las autoridades locales.
Aunque la medida refuerza los derechos de los inmigrantes indocumentados, incluso en casos que involucran delitos graves, ha generado divisiones. Para Jim Desmond, único supervisor que votó en contra, esta política pone en riesgo la seguridad pública al dificultar la deportación de personas con antecedentes graves, priorizando a los inmigrantes indocumentados sobre los ciudadanos.
Los detractores de la ordenanza señalan preocupaciones sobre el impacto en la seguridad de los residentes. Sin embargo, la Oficina del Sheriff del Condado, encabezada por Kelly Martinez, reiteró su compromiso de cumplir con la ley estatal, que permite la cooperación con ICE en casos específicos.
Además, la medida enfrenta incertidumbre ante posibles cambios en la política migratoria nacional bajo la administración del presidente electo Donald Trump, quien ha prometido reforzar las deportaciones. Mientras tanto, San Diego se posiciona como un bastión de apoyo a las comunidades inmigrantes, fortaleciendo su compromiso de proteger a sus residentes frente a políticas que consideran perjudiciales.
