Una vez más, desde el Ejecutivo, se busca poner en debate la pena de muerte para violadores de menores. En la desesperación por salir del 3 % de aprobación, se echa mano del populismo punitivo, que siempre anda dando vueltas en la cultura política de diversos actores políticos y de la ciudadanía. Ana Neyra, exministra de Justicia, en entrevista realizada por este diario, ha mencionado que puede ser una forma de buscar salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos; otros han señalado que es una maniobra distractora frente a la profundización de denuncias vinculadas al famoso cofre o al regalo de fin de año del exabogado de la presidenta (además de exministro) Alberto Otárola.
Añado otra motivación: la presidenta y su gabinete se juegan una última ficha para decirle al Congreso que ellos todavía pueden cumplir con el encargo de servirles de cobertura en todo el proceso de cambiar leyes para evitar decisiones judiciales contrarias, intervenir en la asignación del presupuesto público, en investigaciones que los impliquen y manipular la legislación electoral. Un Ejecutivo con tan baja aprobación y alto rechazo no les sirve a los inquilinos de la Plaza Bolívar, y esto puede reforzar la idea de que abril del 2025 es la fecha en que la coalición parlamentaria que maneja el hemiciclo diga: “hasta acá llegamos”.
Si toda la movilización ciudadana, que el conjunto de ministros está saliendo a promover, funciona y el nivel de aprobación mejora (muy poco probable), la presidenta y sus ministros tendrían algo que negociar con quienes hoy viven ejerciendo el sueño de actuar como si fuesen el único poder del Estado. El nivel de aprobación de la mandataria durante el verano será un buen indicador de lo que pueda ocurrir en abril, luego de convocadas las elecciones para el 2026.
La propuesta de la presidenta Boluarte se produjo durante una ceremonia pública, donde expresó que no se puede permitir que delincuentes de este tipo estén en las calles. En los días siguientes, diversos miembros del gobierno, incluyendo al ministro de Justicia, han manifestado su disposición a desarrollar la propuesta. El responsable de Justicia ha planteado que este tema debe convocar el más amplio debate, no solo en el Congreso, sino que la ciudadanía, en diversos espacios, debe discutir y expresarse sobre el tema. Mejor dicho, quieren que esta discusión cale y que se termine expresando en encuestas que muestren cifras donde el gobierno podría mostrar respaldo ciudadano.
Las recientes declaraciones de la ministra de la Mujer evidencian que el objetivo es aumentar el nivel de aprobación del gobierno. Salió a quejarse del acoso político que, según ella, se hace contra la mandataria al momento de opinar sobre los días en que estuvo ausente por su operación a la nariz. En la misma intervención señaló que la economía viene creciendo, que el empleo se está incrementando, que ya viene el aumento del sueldo mínimo, pero que nada de eso se reconoce.
Otra muestra de que el Ejecutivo anda pidiendo, desesperadamente, “likes” son las recientes declaraciones del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, donde mencionaba que los agentes policiales no requieren apoyo logístico, sino “aprobación social”. El lanzamiento de esta propuesta de pena de muerte por violación de menores apunta al mismo objetivo: aumentar la aprobación para mostrar que todavía pueden continuar.
¿Este operativo para aumentar el nivel de aprobación del Ejecutivo puede funcionar? En el 2006, recién elegido Alan García, planteó el tema de la pena de muerte para violadores de menores. En enero del 2007, una encuesta de Apoyo Opinión y Mercado (ahora Ipsos) indicaba que este era uno de los tres aspectos más positivos de la gestión de García en sus seis primeros meses.
En el 2019, durante el gobierno de PPK, el Ministerio de Justicia encargó a Ipsos la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos. Un 88 % se mostró a favor de aplicar la pena de muerte por violación a niños o niñas. En el 2013, el mismo estudio había registrado un 79 % de aprobación. Un aumento considerable. No es el único país donde esto ocurre, y las explicaciones tienen que tomar en cuenta variables locales, pero un elemento que se repite es que esta demanda aumenta cuando la percepción de inseguridad se incrementa o es alta.
El populismo punitivo no es nuevo y está presente cuando se pregunta qué hacer cuando la percepción de que la justicia y la demanda de lucha contra la corrupción y la delincuencia no funcionan. Es un discurso que forma parte de toda una cultura autoritaria y conservadora que cree que una "mano dura" es la solución a la incapacidad del Estado para ejercer su capacidad de regular la vida en sociedad.
Es una paradoja que desde el Ejecutivo se plantee la pena de muerte como solución a las violaciones cuando es el Estado el que no es capaz de combatir con inteligencia la inseguridad que esto produce. El populismo punitivo se basa en una simplificación del problema de la delincuencia sexual, reduciendo la complejidad del fenómeno a una mera cuestión de castigo y retribución. Una lógica binaria que está a la base de la cultura populista de dividir el mundo en “buenos y malos”.
Sin embargo, es muy poco probable que un Ejecutivo con tan poca credibilidad, y asociado fuertemente a muertes y violaciones de derechos humanos, logre convocar apoyo ciudadano. ¿En el Congreso los secundarán? Si en el hemiciclo el tema no prospera, querrá decir que en ese foro estarán pensando: qué pena, señores del poder Ejecutivo, ya no nos sirven.
