La polémica sobre la integración de los más de un millón y medio de funcionarios mutualistas de Muface al sistema público continúa, y la ministra de Sanidad, Mónica García, mantiene su postura sin escuchar las propuestas de las comunidades autónomas. La decisión de abordar el tema el próximo lunes durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no ha convencido a muchos. De hecho, tanto el procedimiento como el contenido parecen más un formalismo para imponer la decisión del Gobierno. Este asunto será tratado al final de una extensa agenda, que incluye también el protocolo para la creación de un registro de objetores de conciencia al aborto, el nuevo plan de Atención Primaria y varios proyectos de reales decretos sobre empaquetado genérico y cannabis medicinal.
En un reciente informe titulado «Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud», el Ministerio de Sanidad destacó que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable». Según el informe, el modelo Muface cubre actualmente a 1,5 millones de mutualistas, de los cuales 1.007.322 han optado por la sanidad de aseguradoras privadas (Asisa, Adeslas y DKV), lo que representa el 67,3 %. De estos, el 42,4 % tienen entre 35 y 64 años y casi un tercio (el 32 %) supera los 65 años. «El modelo Muface no es sostenible porque ningún sistema funciona sin un pool de riesgos que permita equilibrar a quienes más demandan el servicio y a quienes lo utilizan con menos intensidad», recalca el documento.
El hecho de que en la próxima reunión Interterritorial solo se presente este informe y no se abran nuevas vías de discusión ha generado el rechazo de varios consejeros autonómicos de Sanidad. El consejero valenciano, Marciano Gómez, ha instado al Gobierno de España a licitar «con máxima urgencia y desde un consenso real con los representantes de los funcionarios» un nuevo concierto para garantizar el acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas de Muface tras su integración en el Sistema Nacional de Salud. En una carta enviada a la ministra García, ha exigido que este concierto cuente con la financiación necesaria para garantizar una atención de calidad, adaptada a las necesidades de los mutualistas y que permita consolidar y desarrollar el mutualismo administrativo en el futuro desde una perspectiva sostenible y solvente.
Asimismo, el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha solicitado por carta que se licite «con máxima urgencia y desde el consenso real con los representantes de los funcionarios» un nuevo concierto para asegurar el acceso a la prestación sanitaria de los mutualistas. Vázquez recuerda que Muface publicó un informe en el que las compañías aseguradoras no aportan las evidencias de costes necesarias para justificar el aumento de las primas solicitado, y considera que habría sido deseable obtener más información al respecto. En otra misiva, el consejero murciano, Juan José Pedreño, ha solicitado que se someta a votación en el pleno la posición que se está adoptando sobre Muface.
Varios representantes autonómicos critican la actitud de la ministra García, señalando que «se niega a abrir el debate y someter el tema a la opinión de las comunidades autónomas». Acusan su actitud de ser «sectaria» y de ir en contra del Sistema Nacional de Salud.
A pesar de la creciente presión, parece que la ministra García no cederá y continuará imponiendo su hoja de ruta.
