La Conferencia de Presidentes que se celebra hoy en Santander ha arrancado con expectativas muy bajas y un frente común autonómico contra la financiación singular para Cataluña que PSC y ERC pactaron con el objetivo de hacer presidente a Salvador Illa. Consciente de que se encontrará con una fuerte resistencia en este sentido, el presidente del Gobierno ha llegado al foro territorial con un anuncio debajo del brazo: la convocatoria inmediata, este próximo mes de enero, de un Consejo de Política Fiscal y Financiera para impulsar la asunción por el Estado de parte del endeudamiento de las CC AA del régimen común.
Este ha sido uno de los primeros mensajes que ha dejado el presidente a puerta cerrada, según confirman fuentes gubernamentales, una lluvia de millones que persigue un doble objetivo. Por un lado, desactivar en parte la guerra contra el "cupo catalán" que se anticipaba en el cónclave por parte de todo el poder territorial del PP, con la connivencia de algún presidente socialista, como Adrián Barbón o Emiliano García-Page, Por otro, tratar de abrir fisuras en la estrategia de unidad de acción que se ha desplegado desde Génova, negando cualquier negociación con el Gobierno que permita blanquear sus cesiones ante el independentismo. De hecho,
Esta oferta se produce en plenas negociaciones con Carles Puigdemont para la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno siempre ha vinculado la negociación de la quita de deuda al apoyo de ERC y Junts a las cuentas públicas y ahora quiere hacer extensible esta cuestión al resto de autonomías para garantizarse también su apoyo. El Ministerio de Hacienda ya tiene cuantificada la cantidad que correspondería a cada una de ellas para hacer extensible el "perdón" de 15.000 millones de Cataluña al resto de territorios. El anuncio ha generado dudas entre algunas regiones infrafinanciadas que llevan años pidiendo esa quita y la creación de un fondo transitorio y que cuestionan que vaya a ser lineal o que sea de aplicación efectiva para todas.
También en clave de financiación, el Gobierno ha propuesto a las autonomías "que reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda". Una opción que ya contempla la normativa europea y que podría contribuir a reforzar las medidas ya adoptadas tanto por el Gobierno central como por la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados. En cuanto a la gran asignatura pendiente, el Ejecutivo apuesta por "acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CC AA reciban más recursos de los que reciben hoy".
Impulso a la ley del suelo
Uno de los objetivos más asumibles para no cerrar la cumbre sin acuerdos es la reactivación del pacto sobre la ley del suelo. El Gobierno apuesta por retomar la reforma que tenía ultimada y que se vio obligado a retirar en mayo, ante el riesgo cierto de que decayera en plena precampaña de las elecciones europeas, para "ofrecer más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos, acelerar la construcción de viviendas asequibles y adaptar la normativa actual al reto del cambio climático". También "blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible, para asegurarnos que el parque público de vivienda asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema". Además, se insta a las autonomías a que hagan uso de la Ley de Vivienda, que no está siendo aplicada en la mayoría de territorios.
Menores migrantes no acompañados
Además de la financiación, los territorios del PP pugnaron por incluir en el orden del día uno de los asuntos más trascendentes y que no están logrando aunar voluntades para su resolución: la acogida de menores migrantes no acompañados. En este sentido, el Ejecutivo ha pedido a las CC AA que se sumen a "una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios, y responsable con las necesidades demográficas y laborales de nuestro país", así como la necesidad de "acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados", a través de criterios objetivos y apelando a la solidaridad de todas las regiones. Además, Moncloa ha pedido que las diferentes autonomías se unan a las iniciativas nacionales y los acuerdos internaciones para "fomentar la migración regular" con "alternativas laborales regladas y contribuyendo al Plan de Integración y Convivencia Intercultural que el Gobierno presentará próximamente".
Inversión en Sanidad
El Gobierno también ha avanzado que transferirá a las autonomías 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para que financien la adopción y "desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial", para mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios. También que "consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas", siempre y cuando exista un "compromiso firme de las CCAA para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación".
