Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha tenido que salir de las islas para hacer el trabajo que corresponde al Gobierno: negociar con los grupos parlamentarios para encontrar los apoyos a un decreto para hacer un reparto de menores migrantes que alivie la presión. En este sentido, ante el bloqueo a la proposición de ley para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, la idea de Clavijo pasa por elaborar un decreto que permita un reparto "puntual" de menores no acompañados en toda España, aunque todavía están sin especificar las cuotas que corresponderían a cada autonomía. Para ello, Clavijo asegura que ya ha logrado el "sí" de PNV y Junts, por lo que contaría ya con la mayoría suficiente para que salga ese decreto adelante.
La situación es insostenible en Canarias y obliga a tomar medidas ya. Clavijo se reunió ayer con el lehendakari, Imanol Pradales, y ambos acordaron plantear una propuesta conjunta en la Conferencia de Presidentes este viernes en Santander, con el fin de solicitar "un reparto equitativo, equilibrado, solidario y justo" de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas, una medida que, a juicio de los gobiernos vasco y canario, podría encauzarse, como fórmula "extraordinaria", a través del impulso de un decreto que regulase esta distribución.
De esta manera, Clavijo certificó ayer el apoyo del PNV (las relaciones de Coalición Canaria y los nacionalistas vascos siempre son de colaboración) y ya contaba con el "sí" de Junts. La reforma de la Ley de Extranjería quedó truncada en verano porque los posconvergentes se negaron a apoyarla ya que la presión migratoria en Cataluña es muy elevada y eso ha hecho irrumpir formaciones "antiinmigración", como Aliança Catalana, que crece encuesta tras encuesta a costa, en buena medida, del electorado de Carles Puigdemont.
Con el decreto "puntual" que defiende Clavijo, la intención es que la presión migratoria pueda reducirse sobre Canarias en un plazo que no vaya "más allá de tres meses". Canarias ha estado recibiendo oleadas históricas en migrantes en los últimos meses y la presión está en máximos mientras el Gobierno es incapaz de encontrar una solución y la mayoría de autonomías, controladas por el PP, también denuncian que no tienen recursos si Moncloa no abre el grifo y colabora con financiación.
Con la reforma de la Ley de Extranjería, se pretendía cambiar el artículo 35 para que se dispusiera de un mecanismo automática de acogida de menores migrantes por parte del resto de autonomías españolas en caso de que Canarias, Ceuta y Melilla superasen unos umbrales, pero tanto Junts como el PP se opusieron por distintos motivos.
Asimismo, el gobierno vasco cree necesario "agilizar", desde el Ministerio de Interior, las citas en las comisarías para obtener certificados administrativos y realizar procesos laborales legales, así como "garantizar la legalidad a las personas refugiadas o solicitantes de asilo". A su vez, considera que se deben establecer canales de información, coordinación entre policía, fiscalía y justicia, y poner en marcha de protocolos con Fiscalía de Menores y de Adultos "para cumplir y hacer cumplir las penas con celeridad para que no exista la multirreincidencia". En este mismo ámbito, estima que se deben facilitar los juicios rápidos y, en los casos más graves, establecer canales de expulsión legales para multirreincidentes. En este contexto, el Gobierno Vaso cree necesario plantear un acuerdo de acogida "estable, de calidad, corresponsable e incentivado por parte del Estado", otorgando mayor dotación de recursos "a quien hace un mayor esfuerzo"
