El saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció sobre la propuesta de pena de muerte realizada por la presidenta Dina Boluarte contra los agresores sexuales de menores. Para la máxima autoridad judicial del país, esta iniciativa ha sido completamente superada por las naciones modernas, señalando que implementarla significaría retroceder en nuestro desarrollo democrático.
“La pena de muerte no puede ser ni objeto de debate, es una medida salvaje que ha sido superada en países democráticos y no podemos volver atrás”, indicó.
Entre sus argumentos, Arévalo destacó que la pena capital, a diferencia de otras sanciones penales, no puede ser revertida una vez aplicada. Esto podría dar lugar a errores irreparables en casos de condenas equivocadas contra personas inocentes. Además, señaló que nuestra sociedad enfrenta "cosas más importantes" de las cuales preocuparse: "La pena de muerte es irreversible, hay posibilidad de error judicial y hay cosas más importantes que preocuparnos que sobre la pena de muerte”, afirmó. Las declaraciones de Arévalo fueron publicadas también en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Poder Judicial.
Además de Arévalo, otros expertos en materia jurídica rechazaron la medida planteada por Boluarte tras el asesinato de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, ocurrido el 8 de diciembre. Desde un enfoque legal y de derechos humanos, el abogado Juan José Quispe consideró que la propuesta es jurídicamente inviable en el corto y mediano plazo, dado que el Perú está sujeto al Pacto de San José.
Este tratado internacional, también conocido como la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que los Estados Parte no pueden aplicar la pena de muerte dentro de sus jurisdicciones. Según Quispe, para reinstaurar esta sanción, el Perú tendría que denunciar su adhesión al pacto. Esto implicaría que el Ejecutivo presente un proyecto al Congreso, donde se debatiría el retiro del país del sistema interamericano. Este proceso, que podría extenderse por más de un año, incluiría la respuesta de la Corte Interamericana y posibles reformas constitucionales. Mientras tanto, los delitos seguirían ocurriendo, lo que lleva a expertos a señalar que esta propuesta tiene un trasfondo populista y desvía la atención de los problemas actuales del Gobierno.
Los juristas Mario Amoretti y Erick Urbina coinciden en que esta idea no soluciona la inseguridad en el país y carece de consenso social. Amoretti recordó que, durante el gobierno de Velasco Alvarado, la pena de muerte fue eliminada tras el rechazo de la ciudadanía, mientras que Urbina destacó los riesgos de aplicar esta medida en un sistema judicial con altos márgenes de error. Urbina citó como ejemplo el caso del "Monstruo de Almendariz", un ciudadano ejecutado que posteriormente fue declarado inocente. Ambos concluyen que la propuesta de Boluarte carece de viabilidad y es una distracción para ocultar la falta de resultados del Gobierno frente a los problemas del país.
