El presidente electo Donald Trump ha generado un fuerte debate con su plan para implementar deportaciones masivas a partir de 2025. Esta medida, anunciada como una de las más ambiciosas y controversiales en la historia migratoria de Estados Unidos, promete cambiar drásticamente el panorama para millones de inmigrantes.
La administración de Trump ha designado a Chicago, Illinois, como el epicentro para el inicio de la Operación Aurora. Este plan contempla la movilización de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros recursos federales. Sin embargo, las políticas de ciudad santuario vigentes en Chicago, junto con la postura decidida del gobernador de Illinois, JB Pritzker, plantean desafíos significativos que podrían dificultar la implementación de esta estrategia.
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Según declaraciones de Tom Homan, nombrado "zar de la frontera", las deportaciones masivas de inmigrantes comenzarán oficialmente el 21 de enero de 2025 en Chicago. Esta ciudad fue seleccionada como "zona cero" de la operación debido a su alto número de indocumentados y políticas de ciudad santuario, que limitan la cooperación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración.
Homan afirmó que la Operación Aurora se enfocará inicialmente en la captura de criminales y pandilleros, aunque expertos y defensores de derechos humanos han advertido que estas redadas podrían extenderse a familias completas, incluidas aquellas con niños nacidos en Estados Unidos. "Si el alcalde de Chicago no quiere cooperar, puede hacerse a un lado", declaró Homan para reafirmar la intención de expulsar inmigrantes sin importar la resistencia local.
El plan migratorio de Donald Trump busca establecer un nuevo precedente mediante la declaración de una emergencia nacional. La iniciativa permitirá movilizar recursos legales, militares y administrativos para ejecutar deportaciones masivas. Entre las medidas más polémicas se encuentran:
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado el plan de Trump como discriminatorio y alarmante. No obstante, los desafíos legales y las políticas locales podrían retrasar o complicar las deportaciones masivas de inmigrantes.