Las leyes y regulaciones gubernamentales se establecen para proteger a los propios gobernados y al interés común.
Se requiere de cierto orden e infraestructura institucional para que los mercados modernos compitan en libertad y se desarrollen de manera óptima.
Hasta el día de hoy, ninguna economía se ha desarrollado en modelos anárquicos de gobierno, ni tampoco en dictaduras populistas.
Es necesaria la fortaleza institucional y los contrapesos en el gobierno para que un poder pueda revisar el actuar de otro, y de esta forma se brinde seguridad a las inversiones y el crecimiento económico.
De hecho, la falta de contrapesos y un efectivo Estado de Derecho puede ser una barrera a la entrada tan potente como la regulación excesiva que inhibe el acceso a los mercados.
Existe literatura científica que ha mostrado, de forma empírica y teórica, que los mercados son el mecanismo más eficiente para asignar los recursos escasos de una sociedad.
Por ende, las fuerzas del mercado deben protegerse de los abusos tanto de los gobiernos como de los agentes privados que buscan obtener utilidades extraordinarias a costa del ancho de la sociedad.
No solo el poder ejecutivo puede dañar la economía, sino también los entes privados, por lo que es necesaria la protección de instituciones autónomas que juzguen sin sesgos políticos.
El gobierno debe respetar y hacer respetar los derechos de propiedad privada, de tal forma que sus ciudadanos tengan incentivos claros para invertir y generar riqueza.
Se debe velar por el cumplimiento de los contratos privados, pero no solo eso, sino también procurar que el costo de los procedimientos para exigir su cumplimiento sea lo suficientemente bajo para que no se vuelva inaccesible.
Porque si para un agente económico el costo de proteger sus derechos es más alto que el valor monetario de lo que quiere defender, entonces se vuelve inoperante.
En este sentido, no es suficiente velar porque las leyes sean adecuadas y promuevan las libertades económicas, sino que además se debe contener a los grandes grupos de interés económico que ejercen presión sobre el gobierno.
Estos grupos de interés, cuando tienen gran influencia pueden imponer regulaciones que obstaculizan la entrada de nuevos competidores y limitar la competencia en sus mercados, cooptándolos.
Existen diversos instrumentos jurídicos que han establecido los gobiernos en beneficio del funcionamiento óptimo de la economía.
Algunos ejemplos son las sociedades anónimas y su velo corporativo, las reglas de prioridad en las obligaciones de deuda, la regulación del régimen de garantías, entre otras, que demuestran que el mercado demanda ciertas reglas mínimas para su óptimo desempeño. Habrá quienes argumenten que estas regulaciones las podrían establecer los agentes económicos en contratos privados sin la necesidad de la intromisión del gobierno.
Eso es cierto, pero olvidan que los costos de hacer valer algunos contratos pueden hacerlos inoperantes, además de desmedidamente largos.
En síntesis, la intervención limitada y certera del gobierno es necesaria en ciertos mercados y bajo ciertos supuestos para fomentar la creación de empleos y el desarrollo económico. Se logra la mayor eficiencia mediante un modelo de libre mercado con regulaciones claras y justas.
Sin embargo, cuando uno o más poderes buscan secuestrar el poder revisor (el poder judicial), se pierden los contrapesos, mientras que los abusos (tanto del poder político como económico) se vuelven un peligro real y constante.
Rubén Leal Buenfil es profesor de la Universidad de Monterrey. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONAHCYT.
