La okupación es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios en España. En ese sentido, el temor a que sus viviendas sean tomadas ilegalmente y a enfrentarse a largos procesos judiciales ha llevado a muchos a optar por mantener sus inmuebles cerrados, incluso en detrimento de su rentabilidad. Este fenómeno, que afecta tanto a pequeños propietarios como a grandes inversores , pone de manifiesto la falta de protección jurídica que sufre este colectivo. Un caso que ejemplifica esta problemática es el de Pilar, una mujer de La Coruña que lleva cinco años luchando por recuperar su vivienda y que, según ha revelado 'El Debate', ahora se enfrenta al embargo de parte de su pensión por negarse a pagar el agua de la vivienda . Lo que comenzó con el contrato de alquiler de un piso en el centro con tres dormitorios, terminó en una auténtica pesadilla para la propietaria. Su inquilina, una mujer marroquí, dejó de pagar el alquiler poco después de instalarse en la vivienda y desde entonces se ha negado a abandonarla. Pero lo que agrava aún más esta situación es que la okupa ahora exige 10.000 euros para devolverle las llaves , argumentando que necesita esa cantidad para pagar la fianza de otro piso. Sin embargo, no solo ha perdido el acceso a su casa, sino que también se enfrenta al embargo de parte de su pensión por una deuda de casi 1.000 euros en facturas de agua acumuladas por el piso okupado. «Nunca he tenido deudas en mi vida, siempre he cumplido con mis obligaciones, y ahora me embargan por algo que no es mi responsabilidad», lamenta la propietaria en sus declaraciones en 'El Debate'. «Cuando me llegó el embargo me derrumbé», añade. La impotencia y el desgaste emocional llevó a Pilar a unirse a otros afectados y fundar la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ). Esta organización, que ya cuenta con una quincena de miembros, busca visibilizar esta problemática y exigir reformas legales que protejan a los propietarios de viviendas. Desde APROVIJ, los afectados denuncian que normativas como el Real Decreto 11/2020 han incrementado la vulnerabilidad de los propietarios. Según explican en su página web, «se ha creado un escenario de indefensión jurídica para quienes han trabajado arduamente para construir su hogar y su seguridad». La asociación reclama cambios legislativos que permitan desalojos más rápidos y efectivos en casos de okupación ilegal, así como medidas para evitar que los propietarios asuman deudas generadas por los okupas . «No podemos ser el escudo social de quienes no quieren trabajar o pretenden vivir gratis en nuestras viviendas», subrayan desde la asociación de afectados. Mientras tanto, Pilar se niega a pagar los 10.000 euros que le exige la inquilina, convencida de que hacerlo sería perpetuar un sistema injusto que no protege a los propietarios.
