El Tribunal de Toulouse ha ratificado la prohibición del catalán como lengua prioritaria en los plenos de la zona conocida como “Cataluña del Norte”. De esta manera, se mantiene la decisión del Tribunal Administrativo de Montpellier del año pasado, que establecía que el francés debía ser la lengua adoptada en los plenos de los ayuntamientos, como así los establece el artículo 2 de la Constitución francesa.
En la sentencia, el tribunal confirma la anulación del reglamento del Ayuntamiento de Elna, mediante el cual, permitía el uso del catalán en los plenos de los ayuntamientos. Medida a la que se unieron los ayuntamientos de Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Sant Andreu de Sureda y Tarerach. El reglamento establecía que las intervenciones de los concejales se podían hacer en catalán y que después deberían traducirse al francés, amparándose en el artículo 75-1 que reconocía que “las lenguas regionales pertenecen al patrimonio de Francia”.
Sin embargo, esto infringe directamente el mencionado artículo 2 de la Constitución francesa. Además, según esclarece la sentencia, el artículo 1 de la Ley de 4 de agosto de 1994 establece que la lengua francesa es "un elemento fundamental de la personalidad y patrimonio de Francia, siendo la lengua de la República en virtud de la Constitución". Y añade: "el uso del francés es obligatorio para las personas jurídicas de derecho público". Por ello, considera que los documentos administrativos deben redactarse en francés. No obstante, el Tribunal de Toulouse sí abre la posibilidad de traducir las intervenciones al catalán, una vez sean expresadas en francés.
La sentencia concluye que, pese a la introducción del artículo 75-1 para "marcar el apego de Francia a las lenguas regionales", esto "no creó ningún derecho ni libertad que sea oponible en beneficio de los particulares o de las colectividades territoriales; y no intentó, en particular, reducir el alcance del artículo 2".
El concepto de “Cataluña del Norte” o “Cataluña francesa” es un término que fue acuñado por Alfons Miàs, considerado padre del catalanismo francés, en 1937. Este territorio abarca las partes de Pirineos Orientales donde se habla catalán que, en concreto, son las comarcas de Rosellón, Vallespir, Conflent, Cerdaña y Capcir.
Estas localidades fueron pertenecientes a la Monarquía Hispánica hasta la Guerra de los Segadores. En noviembre de 1659, Felipe IV y Luis XIX firmaron el Tratado de los Pirineos, poniendo fin a casi 20 años de conflicto entre España y Francia y afectó con gran intensidad a la zona catalana. El Rosellón, el Vallespir, el Conflent-Capcir y treinta y tres lugares de la Cerdeña pasaron a ser una provincia francesa.
Debido a ello, el rechazo hacia Francia en Cataluña creció significativamente, hasta el punto de que se convirtió en una de las regiones de España que se opuso con mayor fuerza a la instauración de los Borbones, una dinastía de origen francés. En la región hubo gente que siguió hablando su lengua materna, el catalán. Sin embargo, actualmente es hablado mayormente en el medio rural y desde hace más de cuatro décadas, la transmisión familiar de la lengua se ha visto interrumpida.
La decisión de este jueves de prohibir el catalán como lengua prioritaria en los plenos de ayuntamientos de la zona de “Cataluña del Norte” llega después de un largo recorrido que comenzó el pasado abril de 2022. El Ayuntamiento de Elna modificó su reglamento para permitir el uso del catalán en las intervenciones durante los plenos municipales. Con esta medida, se convirtió en el primer municipio de la denominada “Cataluña Norte” en adoptar una decisión así. El reglamento, eso sí, estipulaba que las intervenciones debían traducirse al francés. Más tarde, otros municipios como Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Sant Andreu de Sureda y Tarerach se sumaron a esta iniciativa.
Los concejales de la oposición en Elna, contrarios a la medida, presentaron una denuncia al entonces Prefecto de los Pirineos Orientales, Rodrigue Furcy. Este, tras intentar sin éxito mediante una carta que los ayuntamientos implicados revirtieran su decisión, llevó el caso ante el tribunal. Casi un año después, en marzo de 2023, el Tribunal de Montpellier rechazó la solicitud de Elna, en el Rosellón, de elevar la cuestión del uso del catalán en los plenos municipales al Consejo Constitucional. La sentencia dictaminó anular el cambio de los reglamentos que permitía hablar catalán en los plenos de estos municipios.
El tribunal justificó su decisión argumentando que el francés es la lengua oficial del Estado, tal como lo establece la Constitución francesa, y que no podía ser relegado a un papel secundario como lengua de traducción. Los implicados calificaron la resolución como un golpe a la lengua catalana y anunciaron su intención de recurrir al Tribunal de Apelación de Toulouse, que recientemente ha emitido su fallo.
