Trabajadores y familias se habían movilizado para no dejar a los alumnos sin sus educadores y técnicos habituales a mitad de curso
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El consejero de Educación de Madrid, Emilio Viciana, ha anunciado esta mañana en la Asamblea de Madrid que pospondrá los cambios en las plantillas de trabajadores de centros públicos inmersos en procesos de estabilización del personal, que amenazaban con trastocar gravemente las plantillas a la vuelta de las vacaciones navideñas, con el consiguiente perjuicio para los estudiantes.
“Vamos a posponer los efectos de la toma de posesión de los trabajadores que hubieran obtenido su plaza […] hasta el final del curso, de manera que puedan continuar prestando sus servicios en los centros en los que hubieran venido desempeñando su trabajo. Se trata de que los alumnos y las familias no perciban ningún cambio”, ha contestado Viciana a la diputada de Más Madrid María Pastor, que le preguntaba por una situación que tachaba de “chapuza”. “Hay centros de educación especial que tienen al 50% de sus profesionales bajo la amenaza de ser cesados. Esto es un desastre”, había criticado.
Más de 3.500 educadoras infantiles, integradoras sociales, fisioterapeutas, enfermeras y empleados de otras categorías profesionales estaban en riesgo de cambiar de destino por los procesos de estabilización y traslado derivados de una ley de 2021 para limitar el número de interinos en las administraciones públicas, una situación que la Unión Europea llevaba años censurando.
La norma daba tres años para llevar a cabo la estabilización, pero la Comunidad de Madrid apuró los plazos hasta el límite, lo que ha tenido efectos negativos para los profesionales de Educación: los trabajadores con plaza se veían abocados, hasta este anuncio del consejero, a tomar posesión de sus nuevas plazas en las próximas semanas, dejando los centros en cuadro. Del mismo modo, los trabajadores sin plaza también perdían sus puestos, a la espera de nuevas vacantes.
Esta alteración en mitad del curso era especialmente gravosa para alumnos con dificultades de aprendizaje o necesidades especiales, como habían denunciado trabajadores, padres, sindicatos y la oposición en la Asamblea de Madrid. En ese sentido, un grupo de afectados había presentado minutos antes del anuncio de Viciana 4.000 firmas ante la sede de la Consejería de Educación para reclamar la suspensión.
