México ha empezado a delinear su estrategia para enfrentar una eventual crisis en la frontera con Estados Unidos si Donald Trump concreta la amenaza de realizar la mayor deportación de migrantes cuando asuma la presidencia.
Con la amenaza de mayores aranceles sobre sí, México apuesta por medidas para contener el avance de migrantes hacia la frontera, y otras que bloquearían las deportaciones hacia su territorio.
Aquí algunas líneas trazadas por la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum en un contexto de incertidumbre.
La mandataria ha sostenido dos diálogos telefónicos con el presidente electo, quien anunció que impondrá un arancel de 25% a las exportaciones de México y Canadá -sus socios en el tratado T-MEC- si no detienen la migración ilegal y el tráfico de fentanilo.
En la segunda plática, el 27 de noviembre, Sheinbaum desmintió que caravanas de migrantes avancen hacia Estados Unidos, como ocurrió en 2018 durante el primer gobierno de Trump (2017-2021).
Desde noviembre pasado salieron tres grupos de migrantes desde el sur de México, pero se han dispersado, a menudo tras recibir permisos de estadía.
De hecho, desde que Sheinbaum asumió el poder el pasado 1 de octubre, las autoridades han interceptado diariamente a unos 5.400 migrantes, frente a 3.400 del tramo final de su antecesor, según cifras oficiales al 3 de diciembre.
México aplica una "estrategia de contención y agotamiento", comentó a AFP Stephanie Brewer, directora para México de la Oficina para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Durante el anterior gobierno, México desplegó a miles de guardias para contener la migración, lo que Trump describió como un "muro humano" que le "construyó" el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, con quien tuvo una relación cercana.
Pese a la advertencia de activistas sobre una avalancha de migrantes antes de la posesión de Trump el 20 de enero, los albergues de la fronteriza Ciudad Juárez (norte) permanecen semivacíos, una tendencia que se mantiene desde que Washington lanzó la aplicación móvil CBP One para gestionar citas de asilo.
"No sabemos qué nos espera (...), nos dicen tantas cosas...", comenta en uno de esos refugios la venezolana Bárbara Mendoza, de 28 años, mientras amamanta a su hijo.
"Si no les llega la cita (antes del 20 de enero), van a ir a entregarse" a las autoridades estadounidenses, señala Juan Fierro, director del albergue El Buen Samaritano.
Fierro lleva tres meses sin recibir migrantes porque -según él- son retenidos y regresados al sur México, a unos 3.000 km de distancia.
Las cifras actuales distan de los niveles récord alcanzados entre 2021 y 2023, cuando unos 2 millones de migrantes llegaron a Estados Unidos, principalmente a través de la frontera con México, huyendo de la pobreza, la violencia o de gobiernos autoritarios.
México solo recibía a sus nacionales expulsados, pero en 2018 empezó a admitir a deportados de otros países a cambio de que Trump retirara sus amenazas arancelarias.
En el marco del llamado Título 42, impuesto por el republicano durante la pandemia y continuado por Joe Biden hasta 2023, México recibió a unos tres millones de personas, un 40% extranjeras, muchas de las cuales fueron repatriadas, según cifras oficiales.
México mantiene además un acuerdo con Biden por el cual Estados Unidos envía a los deportados directamente a sus países, que Sheinbaum espera renovar con Trump.
"Nuestra principal función es recibir a los mexicanos", dijo Sheinbaum, si bien dejó abierta la posibilidad de admitir a personas que no pueden ser enviadas directamente a sus países.
Los venezolanos, que representan el grueso de la migración, implican un desafío porque Caracas dejó de recibir en febrero vuelos con deportados, ahora enviados a territorio mexicano.
Esta situación muestra que Estados Unidos utiliza la política migratoria "como moneda de cambio", declaró Rodolfo Rubio, experto en migración de El Colegio de Chihuahua, quien advierte que una deportación masiva sería compleja para Trump en términos logísticos y financieros.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, viajó la semana pasada a Estados Unidos para afinar con cónsules la defensa de sus connacionales. Se estima que unos seis millones de mexicanos viven indocumentados en el país vecino.
A la estrategia se sumará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, canciller durante la primera presidencia de Trump y quien advierte que los aranceles serían "un tiro en el pie" para Estados Unidos.
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