Las acusaciones populares del "caso Koldo", a quien el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha dejado fuera del interrogatorio a José Luis Abalos, han criticado la decisión judicial de permitir únicamente estar presente al PP, que representa al resto según acordó el instructor por ser la primera en personarse. Pero las acusaciones excluidas creen que así se maniata la actuación de la acción popular en la causa.
Luis María Pardo, de Iustitia Europa, ha asegurado a las puertas del tribunal: "Se nos ha denegado la entrada y vamos a recurrir, porque la acusación popular es fundamental en la lucha contra la corrupción". El letrado se ha quejado que dejarles fuera supone un "flaco favor al Estado de derecho".
Por su parte, Marta Castro, letrada de Vox, mantiene que así se contraviene "el buen hacer en la Administración de Justicia". "En otras causas más complejas y con más acusaciones no ha sucedido. No es posible limitar el acceso a la Justicia porque técnicamente hay medios suficientes". Castro ha lamentado que esto suceda en "una diligencia tan importante respecto a una trama de una organización criminal con un exministro imputado".
Más rotundo, Javier María Pérez Roldán, abogado de Hazte Oír, cree que es "el principio del fin de las acusaciones populares, en la línea de la reforma de la acción popular que pretende el Gobierno". "Es la primera vez que me pasa algo así", se ha quejado. Pérez Roldán defiende que es "estrictamente necesario que las acusaciones populares puedan acceder a las declaraciones" y anticipa que se trata de un "precedente nefasto para el futuro" porque "ata las manos de los abogados de la acusación popular".
Por si parte, los abogados de la asociación Liberum Alexis Aneas e Inmaculada Jaén su exclusión del interrogatorio supone "la abolición de las acusaciones populares" una "derogación de facto del artículo 125 de la Constitución". "Nos ha tratado como público", se quejan los letrados. "Nos hemos sentido vulnerados en nuestros derechos", se quejan.
