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¡Buenos días!
¿Cómo te va la semana? Ojalá que te vaya como a Carlos Cuerpo, ministro de Economía, que se ha levantado este miércoles con la noticia de que la revista The Economist ha elegido a España como la economía 'número uno' de 2024 entre las más desarrolladas, que forma parte de la OCDE. No es una mención menor, ni mucho menos, The Economist es una publicación de ideología liberal que lee la élite empresarial y gubernamental de todos los países. Con semejante carta de presentación no sé qué argumentos va a plantear el PP en el terreno económico para hacer algo de oposición al Gobierno de coalición.
Todavía hay muchas cosas que mejorar en la economía española, desde las cifras de desempleo a la pérdida de poder adquisitivo pasando por la carestía de la vivienda, pero lo cierto es que en España hay gente que vive muy bien, algunos más que bien. Es el caso de los notarios y registradores, que son funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Justicia, pero tienen ingresos como si gestionaran una empresa privada.
La estadística de la Agencia Tributaria sobre la “evolución de rendimientos de actividades económicas 2018-2022” ofrece detalles sobre los autónomos a través de sus declaraciones de IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) y permite saber cuánto gana cada autónomo. En el caso de notarios y registradores las cifras son escandalosas. Por un lado, los registradores obtuvieron un beneficio de 470.000 euros de media mientras que los notarios tuvieron unas ganancias medias de 380.000 euros. Aquí tienes una radiografía del negocio de los autónomos en nuestro país.
Para ser servidores públicos están obteniendo unos ingresos que están fuera de lógica. Estamos hablando de 1.045 registradores de la propiedad y 2.396 notarios. Los ingresos de estos funcionarios deberían ser para el Estado.
Por supuesto, tras aprobar la oposición, tanto registradores como notarios tendrían que tener un sueldo elevado como funcionario del grupo A1. Por poner un ejemplo, los abogados del Estado son funcionarios de esa categoría y tienen un sueldo bruto que parte de 50.000/60.000 euros pero, dependiendo del puesto que ocupen en la Administración General del Estado, puede llegar a los 100.000 euros de salario.
Según los datos de la Agencia Tributaria, el conjunto de los registradores ha ganado en 2022 unos 490 millones de euros mientras que los notarios han obtenido ganancias de más de 906 millones. Entre ambos cuerpos de funcionarios suman casi 1.400 millones de euros. Para tener una idea del dinero que supone, el impuesto especial a la banca supuso una recaudación de 1.695 millones mientras que el gravamen a las empresas energéticas se situó en los 1.164 millones de euros, en ambos casos teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.
Siempre hay quejas por la burocratización. La tecnología ya permite reducir esa burocracia y los avances de la inteligencia artificial van a hacer mucho menos costosa y más rápida y eficiente la labor de registradores y notarios. Hay que nacionalizar los ingresos de registradores y notarios, lo que permitiría rebajar el coste de sus tarifas, y eliminar los privilegios sin sentido de estos cuerpos de funcionarios.
Cuando parece que la inflación se estabiliza y que el precio del aceite de oliva comienza a bajar, ahora le toca al girasol volver a disparar su importe, especialmente en los supermercados. En las últimas semanas, algunas de las principales cadenas han subido el precio de este producto un 18%, aunque las alzas en origen solo han sido del 7%. Hay que tener en cuenta que con la subida del aceite de oliva, hubo un cambio en los patrones de consumo: un aumento de la compra de aceite de girasol de un 21,3%, hasta alcanzar un consumo per cápita de 3,52 litros, mientras que el de oliva cayó en volumen más de un 18% (5,47 litros por persona). Aquí respondemos a por qué se dispara ahora el precio del aceite de girasol.
68.000 euros
es el precio por el que finalmente el fondo Blackstone tendrá que vender unas viviendas a sus inquilinos en el centro de Madrid. Decimos finalmente porque estos ciudadanos han tenido que pleitear durante años para que el precio de compra fuera el mismo que pago el fondo buitre al Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que reconocía el derecho de compra preferente de los inquilinos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento que en 2013 malvendió al fondo buitre 1.860 viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, bajo diferentes regímenes de protección pública por 72,8 millones de euros. Aquí te contamos el periplo de unos ciudadanos que no se han rendido ante las exigencias del fondo buitre: “Si el precio era justo para Blackstone, lo será para nosotros”.
Hay otro dato interesante también relacionado con el problema de la vivienda: la moratoria antidesahucios ha evitado expulsar de sus hogares a más de 58.000 familias en alquiler. La medida, aprobada al principio de la pandemia para proteger a inquilinos vulnerables, ha evitado uno de cada cuatro lanzamientos, aunque no ha servido para frenar que 135.000 familias pierdan sus hogares. Aquí te contamos por qué es necesario ampliar la moratoria antidesahucios a partir del 31 de diciembre.
Esta semana tenemos a unos cuantos entrepreneurs de postín. Por un lado, el fundador de Telepizza y ex presidente de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, vuelve a Madrid. Tras 25 años radicado en el paraíso fiscal de Bahamas, este personaje clave del empresariado español desde finales de los 90 ha comunicado su marcha de ese paraíso fiscal al registro de Luxemburgo donde tiene registradas al menos dos instrumentales con las que controla su imponente yeguada en Segovia, que ha recibido cientos de miles de euros en ayudas públicas en los últimos años, entre otras empresas en España. Aquí puedes leer la historia del capitalismo español a partir de la vuelta a España desde Bahamas del fundador de Telepizza.
Por otro lado, la auditora Deloitte ha manifestado sus dudas por falta de información sobre un litigio adquirido en 2023 por PLA Litigation Funding, firma controlada por el financiero Javier Botín. Este tipo de empresas, más comunes en Estados Unidos, se dedican a financiar procedimientos judiciales o arbitrales y en caso de una resolución favorable, se quedan un porcentaje de la cuantía obtenida. En este enlace te explicamos cómo le va al fondo de Javier Botín que financia litigios en España: más de 60 millones invertidos y dudas de su auditor.
Estos cambios no debilitan el principal objetivo que es alinear los impuestos de los productos energéticos con el objetivo de descarbonizar la economía
La presión se está haciendo irrespirable para las iniciativas de política ecológica que parecían encaminadas en los últimos años. La vuelta a la presidencia de EEUU de Donald Trump y un planteamiento equivocado de la competitividad de las empresas europeas parecen estar impulsando las posiciones más involucionistas en la UE. Ya se ha empezado a dar marcha atrás en iniciativas planteadas en el anterior mandato de Ursula von der Leyen, como la ley contra la deforestación o la reducción del uso de pesticidas. Ahora, mientras la Comisión Europea, Francia, Bélgica y Holanda rechazan que el queroseno y el aceite pesado queden exentos de impuestos en el marco de la revisión de la directiva de fiscalidad energética, una mayoría de países, entre los que se encuentra España (ahí tenemos a la secretaria general del Tesoro dando argumentos peregrinos), apuestan por dejar el transporte aéreo y el marítimo sin gravar. Aquí te explicamos cómo España se suma a los países que apuestan por dejar el queroseno de los aviones y el aceite pesado de los barcos fuera de la ‘fiscalidad verde’ de la UE.
Puede que no sea el único paso atrás. El Partido Popular Europeo se ha sumado a la patronal del automóvil para eliminar las multas previstas para el sector europeo de la automoción que no cumpla con la obligación legal de reducir las emisiones de C02. Aunque hay empresas como Volvo que aseguran que ha habido tiempo de sobra para que la industria se prepare, los lobbys están trabajando intensamente para que se revise la legislación y elimine unas sanciones que empezarán a materializarse en 2025. La industria europea del automóvil sigue trabajando más los pasillos que la ingeniería, como demuestra la necesidad de plantear aranceles al coche eléctrico chino. Como en otras ocasiones, ya han llegado las amenazas. Luca de Meo, presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y consejero delegado de Renault, ha avisado de que “si la Comisión Europea no se mueve, compañías como las nuestras tendrán que poner 15.000 millones de euros en la nevera, que no irán a inversión”. En este enlace te explicamos que el PP europeo y la industria del automóvil presionan para eliminar las multas por no reducir emisiones contaminantes.
El sentido común, a veces, se impone en las decisiones de política económica. El Gobierno ha aprobado la primera Ley de Industria del siglo XXI, ya que la vigente data de 1992, pese a la cantidad de cambios y retos que tiene el sector desde hace años. Tras una larga negociación, Sumar logró convencer al PSOE para que el proyecto de Ley de Industria incluya fórmulas para evitar las deslocalizaciones de empresas industriales si han recibido ayudas públicas. Había ciertas resistencias en el Ministerio de Asuntos Económicos que finalmente se han limado para sacar adelante una nueva norma. En esta información de Antonio M. Vélez te explicamos cómo la nueva Ley de Industria obligará a las empresas que se deslocalicen fuera de la UE a devolver todas las ayudas públicas.
En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:
Se acabó por esta semana. Volvemos con más información económica el próximo jueves, en un nuevo boletín. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.
¡Buena semana!
