El Ejecutivo promulgó la ley nº 32183 que modifica el Código Penal y la Ley de Delitos Informáticos para incluir los llamados préstamos ‘gota a gota’ como una nueva modalidad de extorsión.
También se incluye nuevas sanciones para quienes bloquean vías e impiden el libre tránsito de las personas.
La norma incorpora nuevas disposiciones al art. 200 del Código Penal (DL 635), detallando y ampliando los supuestos del delito de extorsión.
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Así, ahora se castigará con pena privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años al que, mediante violencia o amenaza, obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole.
Además, habrá castigo de cárcel de 10 a 15 años a quien, por sí mismo o por terceros, induce u obliga mediante amenaza, intimidación, engaño, ardid o violencia a aceptar dinero o bienes que simulan un contrato de mutuo acuerdo o cualquier otro, con el fin de obtener una ventaja indebida.
Las sanciones aumentan (entre 15 y 25 años de prisión) cuando se emplean armas, participan múltiples personas, o las víctimas son personas vulnerables, señala la ley.
También se sancionará con penas de 10 a 15 años al que contribuya a la comisión del delito de extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración de este delito.
En situaciones más graves, como mantener rehenes menores de edad, si la víctima resulta con lesiones graves o muere o el hecho punible es de carácter transnacional, la pena puede llegar a cadena perpetua.
Asimismo, se incorpora el art. 8-A a la Ley de Delitos Informáticos, tipificando los llamados “préstamos extorsivos”. Este delito ocurre cuando se utilizan plataformas digitales para inducir o forzar a aceptar contratos ficticios con el fin de obtener ventajas indebidas.
Ahora bien, se aplicará la misma pena a quien, mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole
