El reciente avance en el Congreso de México hacia la aprobación de un impuesto de 42 dólares por pasajero para cruceros que arriben a puertos mexicanos ha desatado una polémica que involucra a diversos actores.Este gravamen, que busca entrar en vigor a mediados de 2025 tras un aplazamiento de seis meses, genera tensiones entre la industria turística, empresarios, gobiernos locales y el federal.La Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA) lideró dichas críticas, alertando que esta medida hará a México menos competitivo frente a otros destinos del Caribe.De acuerdo con Michele Paige, directora de la FCCA, el nuevo impuesto elevaría en un 213 por ciento los costos promedio en puertos mexicanos, lo que podría disuadir a las líneas de cruceros de incluir estos destinos en sus itinerarios.Paige detalló que una familia de cuatro personas enfrentará un cargo adicional de 168 dólares por una estancia breve en territorio mexicano, mientras que los turistas que ingresen por carretera estarán exentos de este impuesto.La asociación proyecta que esta política podría reducir en un 15% las escalas de cruceros, afectando seriamente los ingresos de empresas locales y comunidades costeras.Preocupaciones del sector empresarialPor su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y la Asociación Mexicana de Agentes Navieros (Amanac) comparten las inquietudes de la FCCA.Concanaco-Servytur señaló que destinos como Cozumel, Mahahual y Puerto Vallarta, donde el turismo de cruceros representa hasta el 90% de los visitantes, serían los más perjudicados.Además, previó conflictos legales y la posible pérdida de empleos e inversiones.Por su parte, la Amanac estimó que México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de tres mil 300 escalas de buques, lo que impactaría los salarios generados por esta actividad, actualmente valuados en casi 200 millones de dólares anuales.Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Cozumel, sugirió que el impuesto sea progresivo y proporcional al tiempo de permanencia de los turistas en México.Además, propuso que una parte del gravamen se reinvierta en infraestructura portuaria, especialmente en municipios cuya economía depende casi exclusivamente del turismo de cruceros.¿Qué dicen las autoridades?Claudia Sheinbaum, presidenta de México, defendió el impuesto, argumentando que se trata de un ajuste a un cobro preexistente.Durante una conferencia de prensa, indicó que la medida fue discutida con las secretarías de Hacienda, Marina y Turismo, y aseguró que buscará un diálogo abierto con las empresas navieras para atender sus preocupaciones.María Elena Lezama, gobernadora de Quintana Roo, aseguró que no se prevén afectaciones significativas en la llegada de cruceros para 2025, ya que los itinerarios se planean con años de antelación.Su administración mantiene reuniones con autoridades federales y representantes de la industria para garantizar acuerdos que mitiguen los impactos negativos.Un debate que no concluyeLa FCCA insistió en que el impuesto afectará la economía de las comunidades costeras, argumentando que el turismo de cruceros genera un impacto económico anual de mil millones de dólares y más de 20 mil empleos.Mientras tanto, el gobierno y otros actores empresariales ven una oportunidad para modernizar la infraestructura portuaria y atraer turismo de mayor calidad.El aplazamiento de la entrada en vigor del impuesto ofrece un breve respiro, pero las tensiones persisten.Con más de 10 millones de pasajeros proyectados para 2025, cualquier reducción en el tráfico de cruceros podría tener efectos significativos en la economía nacional y local.El desenlace de este enfrentamiento definirá el futuro del turismo marítimo en México y su posición en el mercado global de cruceros.Mientras tanto, la negociación entre autoridades, empresarios y la industria turística será clave para encontrar un equilibrio que beneficie a todas las partes involucradas.Con información de Luis Hernández yRoberto Valadez.MO
