PP y Vox siguen a la caza de indicios de irregularidades en la investigación a la esposa de Pedro Sánchez en la Asamblea de Madrid
La comisión de investigación sobre Begoña Gómez que impuso Ayuso se diluye tras las primeras comparecencias
El celo inspector de PP y Vox volvió a toparse otra vez esta mañana en la Asamblea de Madrid con las respuestas de los cargos de la Universidad Complutense citados para alumbrar el pretendido trato de favor a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como codirectora de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense.
Mientras las derechas no se ponen de acuerdo sobre una posible citación del propio Sánchez, en la comisión de investigación de la Asamblea siguen sin aparecer las pruebas de cargo, tampoco afirmaciones que siembren dudas de peso sobre la corrección del recorrido docente de Gómez, iniciado años antes de la llegada de su marido a la Moncloa. “No cabe duda de la legalidad”, afirmó el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal Martínez del Peral, en una frase que resume el contenido de la sesión.
Coello, presente a petición del PP, empezó diciendo que sería para él un “honor” responder a las preguntas, pero su contestación fue casi siempre la misma: la comisión mixta de seguimiento de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Corporativa que codirigía Gómez, celebrada en julio y presidida por él, no analizó la actividad de esta porque no se había presentado la memoria de actividad en tiempo y forma, y no cabía recibirla en el mismo acto, como había propuesto la propia Gómez. “La capacidad de control quedó vacía de contenido”, dijo, y como el asunto ya estaba en el juzgado, por “prudencia” no cabía hacer mayor análisis. Entre pregunta y pregunta se aseguraba de citar las disposiciones reglamentarias según las cuáles su proceder fue exactamente correcto en todo momento.
La vicerrectora de Formación Permanente, Empleabilidad y Emprendimiento, Concepción García, intervino a petición del PSOE, que quería que aclarase por qué se suprimió, en un caso, o suspendió, en el otro, los dos másteres que gestionaba la cátedra extraordinaria —en realidad un título propio financiado por empresas privadas —de Gómez cuando su demanda era similar a la de otras que siguen operativas. García respondió que además del descenso en la demanda también influyó la “opinión pública” y el “desprestigio” asociado al nombre de la titulación desde que empezó a salir en prensa y a investigarlo un juzgado.
García sí se refirió a uno de los elementos que más señalan PP y Vox como indicio de trato de favor, como es que Gómez codirigiese un título propio sin disponer ella misma de un título universitario. En ese sentido, recordó que, en un informe de 2013, el director del máster de captación de fondos, ya alababa la “dilatada y diversificada experiencia” de Gómez en la materia como elemento que justificaba que codirigiese la titulación, que con los años pasaría a estar bajo el paraguas de la cuestionada cátedra extraordinaria.
Más Madrid, por su parte, siguió las comparecencias con distancia escéptica. “Me parece que poner en duda en sede política decisiones académicas no es lo más lógico ni lo más positivo ni lo más respetuoso”, opinó el diputado Daniel Varela, tras dar por comprobado tras las intervenciones de los dos primeros comparecientes de que los procedimientos administrativos de la Complutense “son rigurosos”. Pero las mismas intervenciones servían al PP para concluir lo contrario: que la cátedra era “arbitraria”, en palabras del parlamentario Ignacio Catalá.
La diferencia de pareceres llega al extremo en el caso de Vox, que volvió a denunciar la existencia de una “trama” con Pedro Sánchez en el centro, con indicios tan sólidos como que la Escuela de Gobierno de la que depende la cátedra extraordinaria tuviese por primera responsable a la directora de tesis de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, cuando era estudiante de doctorado. Así lo sostenía la diputada Ana Cuartero ante la cara de susto de la gerente de la citada escuela, María José Sánchez.
La gerente se atrevió, por otra parte, a sugerirle a la diputada del PP Mercedes Zarzalejo que un gasto irregular para comprar un micrófono y pagar a un técnico de sonido para retransmitir por Internet un acto de la cátedra no escondía necesariamente una operación de fraccionamiento de contratos. La sesión terminó al poco rato. La siguiente se celebrará la semana que viene y después habrá un parón hasta febrero.
