Si la fórmula que elija Macron condujera de nuevo a dejar la conducción de la política en manos de la extrema derecha, podríamos entonces empezar a pensar en una parálisis del sistema político de la V República y en una crisis que se trasladaría inevitablemente a las instituciones de la Unión Europea
La moción de censura aprobada contra el gobierno de Michel Barnier, después de tres meses de gestión desde las elecciones generales convocadas por Emmanuel Macron, ha abierto en Francia una profunda crisis política. Ha sido calificada por algunos analistas como “crisis institucional” de la arquitectura de la V República francesa.
El presidente de la República cometió un error monumental al disolver el Parlamento de Francia como supuesta respuesta a un resultado negativo en las elecciones al Parlamento Europeo del pasado mes de junio. La inmediata convocatoria de elecciones generales no pudo ser comprendida por el electorado y la consecuencia natural fue una fragmentación de la Asamblea General en tres bloques políticos incapaces hasta ahora de formar un gobierno en mayoría. El efímero Barnier expresa la derrota sin paliativos de Macron y la apertura de un período de incertidumbre, inevitable hasta unas hipotéticas elecciones generales no antes de junio de 2025 por prescripción constitucional.
Mientras tanto, el presidente de un Estado potencia nuclear, que es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, deberá nombrar a un presidente de Gobierno que pueda tener un apoyo parlamentario suficiente. Es decir, una confianza mínima para abordar la difícil situación económica por la que atraviesa Francia, que es la segunda economía de la Unión y que es esencial en la zona euro, pero que prevé un déficit público del 6,1% en este año. Una confianza para enfrentar una coyuntura geopolítica sacudida por la guerra de Ucrania, la elección de Trump en USA y la convulsión bélica en Oriente Medio. Una confianza, en fin, para que un país con vocación de ser líder en la Unión Europea tenga la energía necesaria para reaccionar ante desafíos como el próximo presupuesto comunitario, la política industrial, la transición prevista en el Green Deal, la transformación tecnológica o la autonomía estratégica europea. Ello sin dejar de mencionar la respuesta imprescindible a los aumentos en los derechos de aduana que se espera decida Estados Unidos, y el importante Tratado de libre comercio con Mercosur, que acaba de ser firmado por la presidenta de la Comisión Europea Úrsula von der Leyen, del que Francia muestra su desacuerdo. Para todo lo anterior está llamado a adoptar decisiones el Consejo Europeo, lugar en el que se sienta Emmanuel Macron.
¿Podrá Francia responder a esos retos si el escenario político muestra tal fragilidad?. ¿Podrá hacerlo si asoma la amenaza de una “crisis institucional”?
Francia se encuentra sumida en una evidente crisis política, alimentada por el propio presidente de la República, que sacrificó a un primer ministro sin apoyo parlamentario. Pero la V República no sufre una crisis institucional. Sus instituciones, y las competencias de éstas, están pensadas precisamente para neutralizar crisis como la descrita y evitar las desestabilizaciones políticas experimentadas una y otra vez en la historia de Francia.
La Constitución gaullista de 1958, que inauguró la V República, vino a reparar los daños políticos que habían producido las llamadas III y IV Repúblicas. En esta última, por ejemplo, con la Constitución de 1946, la media de duración de los gobiernos era de 6 meses. En la Constitución hoy vigente, especialmente desde que la reforma de 1962 dio al presidente la invulnerabilidad frente al Parlamento y un mandato de 7 años (después se reduciría a 5), la Asamblea Nacional es el eslabón más débil de los órganos constitucionales. Macron podrá permanecer en el poder - ese es su objetivo expreso - hasta 2027.
No sólo eso. El presidente de la República tiene un conjunto de atribuciones que hacen que el sistema político francés gire en torno a él, con independencia de la ejecutoria del Gobierno. Exactamente lo contrario que la IV República, en donde el Parlamento elegía al Jefe del Estado, convirtiéndole en un títere.
En contraste, Macron va a seguir pudiendo nombrar al Primer Ministro y a los Ministros, con una “presunción de confianza”; presidir el Consejo de Ministros; reenviar las leyes para una nueva deliberación; o disolver discrecionalmente la Asamblea Nacional, salvo en el año siguiente a las elecciones generales. Además, Macron podrá seguir disfrutando del llamado “domaine presidentielle”: “poder diplomático” para negociar los Tratados; poder militar en cuanto “Jefe de las Fuerzas Armadas”; y el poder extraordinario (artículo 16) de expedir ordenanzas ejecutivas “cuando las instituciones de la República o la independencia de la Nación o la integridad del territorio, o la ejecución de las obligaciones internacionales estén amenazadas de manera grave e inmediata” y “el regular funcionamiento de los poderes públicos se interrumpa”. Es una especie de “dictadura temporal”, en la que el jefe del Estado es quien juzga el cumplimiento de tales supuestos y quien puede adoptar las medidas requeridas por las circunstancias, por supuesto sin exigirse refrendo. Las únicas garantías son que la Asamblea Nacional no puede ser disuelta durante el ejercicio de los poderes extraordinarios, y que la Asamblea puede acusar al Jefe del Estado ante el Alto Tribunal de Justicia por alta traición.
La V República es un sistema hiperpresidencialista con un aroma indiscutible de hostilidad respecto al Parlamento. Como dice Guy Carcassonne, “no es el jefe de la mayoría el que deviene Primer Ministro, sino que es el que es nombrado Primer Ministro quien se convierte en jefe de la mayoría”. El Gobierno es autónomo respecto al Parlamento. Posee poderes legislativos propios (la “reserva reglamentaria”) y controla el orden del día de las cámaras. Alguien ha hablado de “humillación del Parlamento”.
Por todo ello, se puede decir que la V República tiene los resortes constitucionales suficientes para evitar una crisis institucional, y para impedir que una crisis así se traslade a la propia Unión Europea.
Sin embargo, la crisis política que sí sufre Francia podría extenderse de forma peligrosa si no se endereza el gobierno del Estado. Me refiero a la necesidad de que Macron nombre Primer ministro a alguien que pueda representar una mayoría parlamentaria coherente y con autoridad. Tal finalidad solo se cumpliría, a mi juicio, si un candidato proveniente de la izquierda, que ganó las elecciones generales, sea capaz de reunir a fuerzas centristas que aíslen a la extrema derecha de Marine Le Pen, que fue incomprensiblemente recompensada por Macron.
Si la fórmula que elija Macron condujera de nuevo a dejar la conducción de la política en manos de la extrema derecha, podríamos entonces empezar a pensar en una parálisis del sistema político de la V República y en una crisis que se trasladaría inevitablemente a las instituciones de la Unión Europea.
Francia es demasiado importantes para que sus instituciones entren en un proceso de debilitamiento, de inestabilidad y de alejamiento de los valores a los que abrió paso en Europa la Revolución de 1789.
