«Sí, estoy conforme con los hechos y la pena». Con estas lacónicas palabras, Eunice Raquel Aguinaga reconoció este miércoles al presidente del tribunal un delito continuado de estafa: utilizó de manera fraudulenta una tarjeta y una libreta bancarias de Máximo, un hombre de 68 años y una discapacidad del 84 por ciento , a quien supuestamente cuidó durante ocho años en Olías del Rey. Hay que remarcar el adverbio 'presuntamente' porque la mujer realizó compras en España y en Ecuador por un importe de 45.000 euros sin su consentimiento el tiempo que estuvo con él. Además, vendió acciones en bolsa y fondos de inversión en su nombre para luego hacer uso del dinero, hasta que unas sobrinas de la víctima lo descubrieron hace seis años. Eunice lo admitió en la Audiencia Provincial de Toledo, donde coincidió con su víctima, una persona muy vulnerable que va en silla de ruedas. Aunque come solo, casi no puede moverse, está tuerto y necesita imperiosamente la ayuda de terceros. Nicaragüense casada con un ecuatoriano, la acusada también cruzó en el vestíbulo la mirada con María Antonia Moral, sobrina de Máximo y uno de los familiares que destapó el pastel en las Navidades de 2018. «Mi tío no nos llamó por teléfono, ni a mi hermana ni a mí, el 30 ni el 31 de diciembre; tampoco pude contactar con él el 1 de enero y pensé: 'Aquí pasa algo raro' », ha contado a ABC quien igualmente es presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa). Entonces telefonearon a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Olías del Rey, una población muy cercana a Toledo capital, y «la trabajadora social nos dijo que mi tío estaba malito y en cama». Por eso el 3 de enero, Antonia y su hermana fueron a verlo y en la casa se encontraron con la desagradable sorpresa de que había familiares de Eunice viviendo allí. Y eso no era lo peor. «Máximo estaba en unas condiciones lamentables de suciedad, con el pelo y las uñas largas; la ropa muy sucia. Mi tío olía fatal; el olor que desprendía era horrible. Y la señora decía que trabajaba varias horas al día», ha descrito Antonia a este periódico ante el deplorable estado de abandono de la casa. Al ver aquel dantesco panorama, hablaron con la trabajadora social y les dijo que Máximo «no había querido irse a una residencia ni tampoco logró que lo incapacitaran». Las dos hermanas se fueron «muy mosqueadas» y volvieron el 8 de enero. Mientras hablaban con Máximo, llegó una cobradora de morosos que les abrió los ojos. «Dijo que mi tío había comprado un reloj de señora, una 'tablet', un teléfono móvil, unas enciclopedias, unas cacerolas y hasta un sillón en el que no cabía él de lo gordo que estaba», continúa la sobrina. Entonces miraron la cartilla bancaria de Máximo y vieron una extracción de más de 2.000 euros con una tarjeta bancaria en julio de 2018. «La mujer respondió que habían pintado», reproduce Antonia. Ingresaron a su tío en una residencia, donde se indica en un informe que Máximo se encontraba «en un estado precario a nivel higiénico». Tenía el pelo sin lavar y sin cortar durante varios meses, además de una barba de varios días que «impresionaba también». Los pies tenían «suciedad marcada», en tanto que los pliegues abdominales y enrojecidos desprendían «mal olor» . «Eran hongos», remacha Antonia. Su tío siempre tuvo gente trabajando para él y creyeron que Eunice había sido enviada por el Ayuntamiento de Olías del Rey «porque es lo que él nos decía. Y por eso nosotras estábamos relajadas». Máximo sufre una disfunción cerebral desde el Año Nuevo de 1977, cuando tenía 20 años, por un gravísimo accidente de tráfico en el que falleció un acompañante. El siniestro le dejó secuelas neurológicas y una hemiplejia, además de una esquizofrenia paranoide y agorafobia , que es el miedo a salir a la calle. Apenas tenía contacto con el exterior ni cultivaba las relaciones sociales. No se sabe muy bien cómo Eunice se cruzó en su vida . Según la Fiscalía, a primeros de septiembre de 2011, el hombre habría contactado con la mujer para que cuidara de él y realizara las labores domésticas necesarias en el domicilio. Su remuneración sería de 600 euros. «Al parecer, sí le ofreció hacerle contrato, pero ella le dijo que no porque estaba cobrando alguna prestación», apunta Arash Mottaghi, el abogado de Máximo. Como nunca salía de casa, autorizó a Eunice a efectuar ciertas extracciones de dinero de su cuenta corriente, operando en cajeros automáticos con la tarjeta de crédito o la libreta de la que el hombre era titular. Para ello, le facilitó el número PIN y las claves necesarias. No obstante, Eunice solamente podía retirar mensualmente el importe del sueldo pactado, así como pagar gastos personales y de alimentación o de otra naturaleza pero derivados estrictamente de las labores domésticas. Aun así, «hubo extracciones de muchísimo dinero, por un importe total de 45.000 euros, desde 2011 hasta enero de 2019 sin el consentimiento de Máximo». También Eunice manejó acciones de bolsa que a la víctima le habían dejado sus padres. Aunque «no se sabe cómo las vendió» a través de la entidad bancaria de la víctima, lo cierto es que «de ahí ella iba cogiendo el dinero que necesitaba», añade el letrado. Mientras, con la tarjeta bancaria se pagaron alimentos en un supermercado, con compras semanales tan llamativas como cuatro docenas de huevos, ocho kilos de arroz, compresas de mujer o ambientadores para coche. Igualmente se llenó de combustible el depósito de vehículos, se adquirieron relojes y ropa de mujer. Incluso la tableta y el teléfono citados; o compras en una hamburguesería de la toledana plaza de Zocodover, en una pizzería del Centro Comercial Luz del Tajo o en un asador de Olías del Rey. En cuanto a la casa de Máximo también fue utilizada como vivienda para familiares de Eunice, quien a su vez alquilaba habitaciones a feriantes que iban a Toledo, «sin saberlo Máximo», remarca el abogado. Asimismo, familiares y otros extranjeros fueron censados en este domicilio, donde Antonia encontró también comida del Banco de Alimentos. «Ahí se empadronó el marido de ella, los hijastros y la hija de ella, así como la propia trabajadora, sin permiso de mi tío». Además, «con el fin de legalizar extranjeros», un familiar lo hizo como «ciclista profesional», revela la sobrina. Descubierto el entramado, y cuando ella y su hermana decidieron llevar a su tío a una residencia, Eunice les denunció y pidió 45.000 euros de indemnización porque «llevaba embarazada dos días y decía que la habíamos echado por eso». En este punto, Antonia aclara que «en 2015 sí la dio de alta mi tío en la Seguridad Social, pero ella se dio de baja voluntariamente. Me llamó un inspector y mi tío tuvo que pagar los años que no había cotizado por ella, pero no fue multado por las circunstancias en las que había ocurrido». En su momento, Eunice había declarado ante la Guardia Civil que «sacaba dinero para dárselo a él y que luego iban los familiares y le pedían dinero. Era su coartada». Sin embargo, Máximo «no sabe manejar billetes», asegura Antonia, a quien esta mañana le preguntó para qué sirven. Finalmente, la ahora condenada no esgrimió este pretexto en la vista, aceptando una pena de 22 meses de prisión y el pago de 45.000 euros a su víctima. «Yo me quedo satisfecha con que ella haya reconocido su culpabilidad» , confiesa Antonia después de despedir a su tío, quien llegó y se marchó a su residencia en una ambulancia por la que sus sobrinas pagaron 140 euros.
