Crece la presión sobre el Gobierno para que reconsidere su postura sobre el blindaje del lobo en España, en especial después de que la Unión Europea haya logrado este mes una flexibilización del régimen de protección del predador en todo el continente. El PP ha presentado una moción en el Senado , a la que ha tenido acceso ABC, que insta al Ejecutivo a modificar la normativa actual y será debatida en la Comisión General de Comunidades Autónomas la próxima semana. De esta manera, el PP quiere forzar un cara a cara entre las autonomías que concentran la mayor presencia de lobos y el Gobierno, en especial tras el traspaso de cartera en el Ministerio para la Transición Ecológica, ahora en manos de Sara Aagesen . «Ya conocemos el ecologismo radical de Teresa Ribera y la nueva vicepresidenta tendrá la oportunidad para explicar si está a favor o en contra de los ganaderos», dice la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García. El blindaje del lobo se ha convertido en un problema no sólo en España, sino a nivel europeo, ya que algunas de las poblaciones han ido en aumento, a la par que los daños a la ganadería . Tanto ha sido así que Bruselas ha promovido un cambio en el régimen de protección del lobo a nivel internacional. El pasado 3 de diciembre, casi 50 países aprobaron rebajar el estatus del lobo en el Convenio de Berna. A partir de marzo, la Unión Europea iniciará el cambio legislativo necesario en la directiva Hábitats para dar mayor libertad de gestión sobre el cánido a los países. La clave, sin embargo, es que será cada estado el que tenga la última palabra sobre la gestión del predador. Y, en España, el lobo está reconocido como especie protegida y forma parte del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) desde 2021, que es el documento que blinda al lobo en todo el país. ¿Cambiará el Gobierno la protección del lobo en España? Fuentes de Transición Ecológica solo apuntan a que si los datos muestran una tendencia favorable de la especie, «España tomaría las medidas que en ese caso correspondieran». Por ello, la moción presentada por el PP en el Senado y prevista para el próximo 19 de diciembre pide al Gobierno que inicie «de forma inmediata» los trámites para que las poblaciones del lobo al norte del Duero salgan del listado de especies protegidas. Es decir, que se restablezca la situación que había antes de 2021, en la que Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria (que agrupan el 98% de la especie en España) eran capaces de gestionar con mayor libertad al cánido. La moción también pide la revisión de la estrategia española de conservación del lobo ibérico para que «se adecue a los datos de los censos actuales y se apruebe una nueva estrategia con el consenso de las comunidades». La ofensiva del PP se suma a otras iniciativas presentadas tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados en los últimos tres años. No obstante, esta será la primera tras el cambio de estatus de protección a nivel europeo. También será la primera tras la marcha de Teresa Ribera del Ministerio para la Transición Ecológica y su sustitución por Sara Aagesen. Y, además, se debatirá en la Comisión General de Comunidades Autónomas. A esta comisión están invitados a participar los gobierno autonómicos, previsiblemente de la mano de los consejeros de Medio Ambiente, así como el Gobierno . No es obligatorio que asista la nueva ministra, aunque fuentes parlamentarias aseguran que, en estos casos, lo habitual es que acuda la titular del departamento afectado. La moción alega que «debido a las rigurosas medidas de conservación adoptadas por el Gobierno de España a partir del año 2021», en el país se ha generado «un importante incremento de daños en la ganadería extensiva, y por tanto conflictos crecientes» agravados por la legislación. El actual marco legislativo, avisa el PP, pone en riesgo la continuidad de las explotaciones y corre el riesgo de agravar la despoblación en la España rural. Los datos de la Comisión Europea muestran que cada año mueren 65.500 cabezas de ganado por ataques del predador en la UE. Los mayores daños se registran en España, Francia e Italia (entre 14.000 y 10.000 cabezas al año en cada país). «El posicionamiento de la Comisión Europea es totalmente contrario a la posición terca y sin ningún respaldo científico del Gobierno, pero sí coincide con el posicionamiento de las comunidades autónomas que gestionan la práctica totalidad de la población del lobo en España», asegura García.
