La Comisión Europea ha adoptado este miércoles un plan para ayudar a los países del Este a afrontar las oleadas masivas de migrantes por parte de Rusia y Bielorrusia, una estrategia que para Bruselas puede considerarse una “amenaza híbrida” que pone en jaque la seguridad de estos países y de la región en su conjunto. La propuesta tiene dos elementos: más dinero para vigilancia de fronteras (170 millones en total) y la bendición para que, en determinadas circunstancia los Estados puedan poner en marcha las denominadas “devoluciones en caliente” y suspender las normas de derecho de asilo.
Esta paso por el Ejecutivo comunitario se produce justo después de que le organización no gubernamental Human Rights Watch haya denunciado que se están produciendo expulsiones ilegales de solicitantes de asilo en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Según este informe, lo agentes fronterizos polacos impiden a las personas que llegan a Bielorrusia pedir asilo, aunque ya hayan franqueado las puertas del país. Según los testimonios de esta organización, algunos de los demandantes fueron obligados a firmar un documento que no entendían en lengua polaca. Después descubrieron que se trataba de una renuncia a pedir asilo en el país.
Aunque las devoluciones de este tipo están prohibidas por la legislación internacional y europea, en su comunicación presentadas este miércoles el Ejecutivo comunitario explica que la Convención de Ginebra prevé ciertos casos en los que el principio de no devolución puede no ser respetado. Esto abarcaría a personas que puedan suponer un “riesgo para la seguridad del país” o que hayan sido declarados “culpables de un delito serio o que pueda constituir un peligro para la comunidad”. "No hablamos de política migratoria. Se trata de seguridad”, ha explicado en rueda de prensa Henna Virkkunen, vicepresidenta de soberanía tecnológica, seguridad y democracia.
A pesar de esto, Bruselas subraya que estas medidas deben aplicarse de manera temporal y proporcionada, “limitadas a lo que es estrictamente necesario”. Por eso, no será suficiente invocar una amenaza sino también argumentar “la pertinencia y la necesidad” de las acciones. Además, es necesario que el país concernido realice consultas tanto a la Comisión Europea como al resto de los socios del club comunitario.
Según el texto de la Comisión Europea, la presión migratoria en la frontera con Bielorrusia supone un ataque por parte de “Estados hostiles” que pretenden “desestabilizar la región” y utilizar la migración como “arma para socavar la seguridad de la Unión” y de ahí que los países europeos puedan poner en marcha las medidas necesarias para afrontar esta amenaza.
Esto incluye el blindaje de las fronteras europeas con vigilancia electrónica, la mejora de las redes de telecomunicaciones, equipos de detección de móviles y herramientas para contrarrestar la utilización de drones. Los 170 millones de euros antes citados se distribuirán entre Estonia (19,4 millones de euros), Finlandia (50 millones), Letonia (17 millones), Lituania (15,4 millones), Polonia (52 millones de euros) y Noruega (no perteneciente a la UE)- con 16,4 millones de euros.
Este paso por parte del Ejecutivo comunitario coincide con el debate entre los países europeos sobre qué hacer con las demandas de los refugiados sirios, tras la caída del régimen de Bachar Al-Assad. A pesar de que la mayoría de organismos internacionales apelan a la prudencia , una lista creciente de países europeo han decidido decidido meter en el congelador la tramitación de estas demandas e incluso Austria se está planteando deportaciones masivas al entender que el fin de la guerra hace innecesaria la protección internacional de los sirios residentes en el país. El primer debate tendrá lugar este jueves en el Consejo de ministros de Interior de los Veintisiete.
