La policía surcoreana llevó a cabo el miércoles un asalto violento al despacho presidencial en el contexto de la investigación sobre la controvertida declaración de ley marcial emitida la semana pasada por Yoon Suk-yeol. Según un portavoz policial, los investigadores lograron acceder a la oficina de servicios civiles del complejo, pero no pudieron ingresar al edificio principal debido a las restricciones impuestas por el equipo de seguridad. En medio de esta agitación, las autoridades informaron al Parlamento que el exjefe de Defensa había intentado quitarse la vida mientras se encontraba bajo custodia. Estos dramáticos acontecimientos se desencadenaron tras la detención de altos mandos de las policías nacional y metropolitana de Seúl, quienes están siendo investigados por su posible complicidad en el efímero decreto. Este caos ha sumido a la cuarta economía de Asia en una de sus crisis de Estado más profundas en décadas, intensificando la inestabilidad y planteando interrogantes sobre la viabilidad del liderazgo actual en el país.
La reacción de Pyongyang ante el grave desafío institucional que sacude a Seúl ha sido tardía, pero notablemente mordaz. El imprevisible Kim Jong-un, que exhibe armamento nuclear y parece que despliega tropas para apoyar la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, finalmente rompió su silencio, tildando a través de la prensa estatal a Yoon de «marioneta desesperada que ha tratado de desatar una dictadura fascista» en lo que él denominó la «vulnerable nación gánster».
Estas acciones se producen mientras la oposición surcoreana se prepara para presentar nuevamente una moción de destitución contra Yoon, cuya votación está prevista en el Parlamento para el próximo sábado. Los fundamentos de la misma incluyen acusaciones de «graves violaciones de la Constitución y de los derechos democráticos», según declaraciones de la bancada contraria. Para que esta sea aprobada, debe recibir una mayoría simple en la Asamblea Nacional antes de ser evaluada por el Tribunal Constitucional. El líder de 63 años, en el poder desde 2022 por un mandato único de cinco años, enfrenta restricciones de viaje debido a una investigación que podría derivar en cargos de rebelión. A pesar de haber ofrecido disculpas por la medida militar, que revocó apenas seis horas después de su anuncio, se resiste a dejar su puesto.
Su intento de golpe se desmoronó cuando los legisladores opositores se movilizaron rápidamente en la Asamblea Nacional para revocar la ley marcial. De los 300 miembros, 190 asistieron a la sesión, incluidos 18 representantes del propio partido de Yoon, y la resolución fue aprobada de manera unánime. Este episodio destacó la determinación de la resistencia democrática en el país.
Históricamente, los golpistas surcoreanos han silenciado tales iniciativas mediante la detención de parlamentarios o la disolución del poder legislativo. Sin embargo, esta vez, la ciudadanía, junto con los partidos de oposición y los medios de comunicación, desempeñaron un papel crucial en la defensa de la democracia. El líder del Partido Democrático, Lee Jae-myung, transmitió en vivo mientras se dirigía a la Asamblea, instando a los ciudadanos a proteger la institución. En una conmovedora muestra de unidad, miles de personas se agruparon a pesar del clima helador, rodeando el edificio de la Asamblea Nacional en señal de protesta, convirtiéndose en la primera línea de defensa del Estado de derecho. El partido de Yoon ha declarado que actualmente se encuentra suspendido de sus funciones, comprometiéndose a «restaurar el orden» y anticipando su inminente salida. Además, afirman estar trabajando en estrecha colaboración con el primer ministro Han Duck-soo para gestionar los asuntos del gobierno. Esta coyuntura ha intensificado la confusión en torno a quién detenta realmente el poder en el país. La lucha por el control aún no ha concluido y las consecuencias son inciertas.
