El anuncio de Pedro Sánchez de un centenar de actos y proyectos para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco el año que viene se ve en ciertos sectores del PSOE como un intento de poner sordina a las dificultades para alcanzar un acuerdo –y un posible fracaso– con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras las últimas trabas por parte de Junts, que ha lanzado un órdago que amenaza la legislatura. Esta lectura contempla además que este catálogo de eventos contribuye a disimular una agenda precaria con una oportuna cortina de humo que asegura visibilidad y siempre genera debate. «Franco tiene que servir para tapar agujeros así», es el argumento.
En este contexto, la Generalitat a cargo del PSC de Salvador Illa pone en el punto de mira el monumento en memoria de la Batalla del Ebro, levantado en 1966 en el río a su paso por Tortosa (Tarragona), tras un primer intento fallido por parte del Ejecutivo de Pere Aragonès en 2021.
Coincidiendo con el golpe de efecto del presidente del Gobierno, el Govern ha dado a conocer sus planes en materia de memoria democrática, que no son sino la continuidad de las metas de ERC, como Illa se había comprometido con sus socios de investidura.El proyecto de ley del anterior Ejecutivo superó todos los trámites, aunque a última hora decayó por el adelanto electoral.
El acento independentista se manifiesta en la propuesta para organizar actos y celebraciones en conmemoración del 14 de abril como día de la «república catalana», además de marcar en el calendario el Día Nacional del Exilio el 5 de febrero, precisamente el día que Lluís Companys y el lendakari José Antonio Aguirre cruzaron la frontera con Francia. Además, el 15 de octubre será el Día de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en coincidencia con el fusilamiento de Lluís Companys en Montjuich.
La norma, en su redactado actual –a falta del debate parlamentario–, prohíbe el enaltecimiento del franquismo y prevé un límite de dos años desde su entrada en vigor para retirar la simbología franquista, así como también las distinciones, nombramientos y honores concedidos a personas que apoyaran la dictadura. De hecho, ERC ha dejado claro que apuesta por retirar el monumento de Tortosa, pero en el plazo máximo de un año desde que entre en vigor la nueva ley, por el carácter «simbólico» del monolito.
El conjunto estuvo a punto de ser retirado en el verano de 2021 –el coste del derribo lo asumía la Generalitat–, pero el Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Tarragona adoptó medidas cautelares contra las obras a petición del Colectivo para la Reinterpretación del Monumento de la Batalla del Ebro (Corembe). Había temor a que sufriera daños irreparables al ejecutar las tareas de retirada, que incluían maquinaria pesada.
Asimismo, hay abiertas vías judiciales contra la retirada del enclave del catálogo de edificios y conjuntos históricos y artísticos –en 2007, por decisión del consistorio local– y por la licitación y adjudicación de las obras, en las que están interesadas la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y la Asociación Cultural Despierta España.
Ante las renovadas intenciones de acabar con el monumento, Alejandro Hernández Royo, abogado de los defensores del monolito tortosino, lo considera «complicado» a causa del valor como «patrimonio artístico» del enclave, posición que siempre han mantenido sus valedores. La intención es seguir en la defensa de una construcción que «forma parte ya de la fisonomía local», porque «en caso de que la nueva Ley de Memoria Democrática del Govern no se atenga a las excepciones que marca la normativa, plantearíamos nuevas vías para impugnarla», advierte una vez más el letrado.
Hay que recordar que en una consulta popular local para decidir el futuro del monolito la opción ganadora fue mantenerlo, con un 68% de los votos.
El desmontaje, en cualquier caso, sería parcial. La Confederación Hidrográfica del Ebro determinó que «se puede quitar el monumento, pero no el pilote de la base», que formaba parte del puente que volaron los republicanos en 1938. Por este motivo, el consistorio local abogó en su día por «una pasarela fluvial aprovechando la pilastra».
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Con la nueva ley de Memoria, la Generalitat podrá ejercer la acusación popular en delitos de lesa humanidad y contra la integridad física y moral durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Asimismo, se creará un censo de víctimas de la guerra y el franquismo, se regulará un procedimiento para dignificar y localizar fosas comunes y se fomentará la investigación y divulgación. Hay tres tipos de infracciones: la vandalización de los espacios de memoria, el enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas.
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