La historia de Carlos Manrique Carreño y CLAE quedó grabada como uno de los mayores escándalos financieros sin precedentes en Perú. Durante los años 90, este empresario prometió a miles de peruanos altos rendimientos por sus ahorros, utilizando un esquema piramidal que terminó desplomándose y dejando un impacto devastador en sus víctimas. El caso trascendió fronteras, llevó a Manrique a huir a Estados Unidos y culminó con su extradición para enfrentar a la justicia peruana.
Conocido como el cerebro detrás de "la mayor estafa financiera en la historia de Perú", Manrique representó un episodio que reveló cómo la desesperación y la confianza de miles de familias pueden ser manipuladas. CLAE, su empresa fachada, dejó una huella imborrable en el país y sigue siendo un recordatorio de los peligros de los esquemas piramidales.
Carlos Manrique fue un empresario peruano que ganó notoriedad en la década de 1990 al fundar CLAE (Centro Latinoamericano de Asesoría Empresarial), una organización que prometía a sus inversores rendimientos extraordinarios por sus ahorros. Nació en 1936 en Cusco, al sur del Perú, se educó en escuelas públicas de la ciudad imperial y de Lima, donde aprendió a tocar piano y acordeón. Posteriormente, se graduó como profesor de matemáticas en la universidad pública Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta.
A finales de los años 50, creó en su hogar junto su madre, Celia Carreño, una academia que impartía clases de matemáticas y música. Con el tiempo, el emprendimiento se transformó en un centro especializado en asesoramiento para tesis.
Los inicios de CLAE se remontan a 1978 como una modesta agencia de asesoría en administración de empresas. Sin embargo, en 1980 se convirtió en una casa de ahorros, que con el tiempo llegó a atraer a más de 200.000 peruanos, muchos de ellos pertenecientes a sectores vulnerables que buscaron una salida a sus dificultades económicas y terminaron en una tragedia financiera.
Muchos de los clientes eran empleados públicos jubilados y exoficiales de las Fuerzas Armadas que confiaron su liquidación o sus fondos de retiro a la empresa. A diferencia de los grandes banqueros, Manrique de vez en cuando atendía a sus usuarios personalmente. Según informes periodísticos de 1993, la compañía llegó a pagar intereses variables que alcanzaron hasta el 13% mensual o de hasta un 100% anual.
El modelo de negocio de CLAE se basó en un esquema piramidal, donde los fondos de los nuevos aportantes se usaban para pagar los intereses de los primeros inversores. Este sistema se sostuvo mientras ingresaban más aportantes, pero cuando dejó de recibir nuevos depósitos colapsó.
En 1992, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) intervino a la empresa, luego de una investigación que reveló irregularidades financieras. En abril del año siguiente, las autoridades intervinieron la compañía, dejando a varios peruanos sin sus ahorros y desesperados por recuperar su dinero.
Cuando el gobierno de Alberto Fujimori ordenó la disolución de CLAE el 16 de mayo de 1994, llegando a recuperar apenas 36 millones de dólares, Manrique pasó a la clandestinidad hasta que en noviembre fue capturado en Miami, tras una operación policial llamada "Caribe". Al año siguiente fue extraditado a Perú, donde se le condenó a ocho años de prisión por estafa y delitos financieros, aunque salió libre en 2001.
En 2008 y en 2011 regresó a prisión, otra vez acusado de estafa, aunque por periodos más cortos. Luego de ello, optó por desaparecer de los medios y llevó una vida discreta en Lima.
El capítulo final de la vida de Carlos Manrique se escribió la madrugada del 10 de junio de 2024, cuando falleció dejando un legado marcado por la controversia y el engaño. Su muerte cerró un episodio que aún resuena en la memoria colectiva de los peruanos, especialmente entre aquellos que fueron afectados por su estafa.
Manrique, alguna vez fue considerado por una asociación de turismo como "empresario del año", por la revista "Sucesos" como "personaje del año" en 1991 y recibió un premio por la revista "Interamericana de Derecho Aéreo y Turismo" por su "destacada labor como empresario". Sin embargo, para la mayoría de peruanos será recordado como el autor de "la mayor estafa financiera en la historia de Perú".
Según las investigaciones, los fondos recolectados nunca fueron devueltos, debido que el gobierno peruano, en ese entonces dirigido por Alberto Fujimori, temiendo perjudicar la economía formal, no autorizó ninguna compensación a los afectados. De acuerdo con el reconocido economista Roberto Abusada-Salah, esta decisión fue un intento de proteger el sistema financiero, aunque con el alto precio de que miles de peruanos lo pierdan todo.
