La propuesta de la presidenta, Dina Boluarte, de debatir la posibilidad de instaurar la pena de muerte contra los abusadores sexuales de menores de edad es analizada por la docente y exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra. Advierte que el objetivo pasa por retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
¿Es viable aplicar la pena de muerte, tal como ha sugerido Dina Boluarte?
Es jurídicamente impracticable. Pero creo que hay que pensar en el trasfondo. Decir “quiero debatir esto” es porque en el fondo quiero hacer otra cosa, que es salir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando firmamos la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hicimos con un marco normativo que nos permitía aplicar la pena de muerte en algunos supuestos, pero no es posible que el Estado amplíe esos supuestos.
Está permitida en casos de traición a la patria.
En caso de guerra exterior. Aunque la Constitución vigente tiene otros supuestos más, la de 1979 -en el marco de la cual se firmó la Convención- solo nos habilita para ese supuesto. Lo que ha dicho la Corte IDH es que si nos mantenemos en aplicarla de esa forma estaremos dentro del Sistema Interamericano.
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Se podría condenar a pena de muerte a alguien por traición a la patria en el contexto de un conflicto externo y no habría problema.
Exacto. Pero cada cierto tiempo entra esta discusión. El trasfondo de la pena de muerte es salirnos del Sistema Interamericano. Hace algunos años no había una configuración Ejecutivo-Legislativo que lo permitiera.
¿Eso ha cambiado?
Hoy tenemos el discurso de la Presidenta –y de otros ministros como el de Justicia, que es el asesor jurídico del Gobierno– que responde a un pedido que le hace cierta clase política con la que ella está cogobernado. El discurso es “estoy dispuesta a aceptar este pedido, a salir del Sistema Interamericano”. Entonces, a mí me parece impracticable en términos jurídicos, pero en términos prácticos van a querer irse del Sistema Interamericano. El otro problema es proponer una solución que no es tal para un problema estructural como la inseguridad. Una buena política de seguridad ciudadana no permitiría que una niña sea sustraída de la casa de sus padres. Es la primera vez que Boluarte se refiere al tema de la inseguridad ciudadana. Hemos visto extorsiones, homicidios, y sin embargo se usa de manera efectista la muerte de una niña para un fin político. Es la instrumentalización de una tragedia nacional. Se me ocurren muchos calificativos y no quisiera decirlos de manera ligera.
Aparte, se ha estudiado mucho que la pena de muerte no es necesariamente disuasiva.
Los politólogos, las personas que se especializan en política criminal, lo han estudiado: una pena de muerte no es la solución a la inseguridad ciudadana de un país, y más en uno como este en el que hay mucho error judicial y mucha impunidad. ¿De qué sirve que pongamos penas más altas si finalmente no se van a aplicar? Imaginemos que es disuasiva, ¿las personas que delinquen van a creer que serán atrapadas?
¿Aprobar la pena de muerte implicaría denunciar a la Convención Interamericana de Derechos Humanos?
En la práctica implicaría eso. Ahora, ya hemos tenido el proyecto de ley sobre los crímenes de lesa humanidad, el indulto a Alberto Fujimori. Entonces, lamentablemente se ha vuelto una práctica para el Estado peruano desatar decisiones de la Corte Interamericana pero, me parece, nunca hemos desacatado de manera tan clara la Convención, porque no hay margen de interpretación posible.
¿Algo así nos pondría por fuera del Sistema Interamericano?
Nos pondría casi por fuera del sistema. Yo creo que la Corte, en ese contexto, tendría que tomar una decisión mucho más contundente. Denunciar a la Convención trae implicancias. Primero, toma un tiempo. No es que mañana nos vamos a ir. A Venezuela la acaban de condenar por el caso Capriles y salieron del sistema hace ya bastante tiempo. No es que todo lo que pasó entre diciembre de 2022 y enero de 2023 va a dejar de ser considerado dentro del ámbito interamericano porque nos vayamos pronto. Lo otro, ya pensando en las implicancias individuales, irnos del sistema quitaría un espacio para la búsqueda de derechos. Hay una injusta estigmatización hacia la Corte…
Que defiende terroristas.
Pero, en realidad, ha habido protección de diferentes tipos de derechos. Claro, que haya habido un periodo en el cual se violaba sistemáticamente derechos de personas acusadas de terrorismo, es algo que el Estado hizo. Sin embargo, ha habido diferentes casos por los cuales se ha llegado a la Corte, como pensionarios, o de discriminación. Quitar ese espacio a la gente porque no me gusta su ideología y porque finalmente quiero la pena de muerte no es responsable.
¿Cuál podría ser la reacción del Sistema Interamericano frente a un desacato así?
El hecho de que se desacate abiertamente el tratado es un incumplimiento mucho más evidente de las obligaciones de parte del Estado peruano, lo que podría generarnos mayores complicaciones. No hablamos solo de estar o no en el sistema sino de ser considerados como un país que puede respetar tratados y parámetros internacionales, incluso cuando estamos en medio del intento de entrar en la OCDE. Dudo que la OCDE piense que esté bien que incumplamos un tratado de manera tan evidente.
Hay quienes han planteado que el tema se ha lanzado como un distractor. ¿Qué piensa?
Estamos en un momento en el cual se han comenzado a encontrar hallazgos significativos en una serie de casos, como el de el “cofre”, y de repente ha surgido este tema. Es un distractor, creo que es cierto eso, pero igual debemos tomarlo en cuenta porque creo que podrían avanzar exitosamente en él, justamente para garantizar su efecto distractor en la opinión pública. Al mismo tiempo no debemos olvidarnos de otros temas, desde luego.
