(*) por Candice Welsch, Representante Regional UNODC para la Región Andina y el Cono Sur
La corrupción es un fenómeno complejo y persistente que ha afectado profundamente el desarrollo político, económico y social de todos los países del mundo, incluido el Perú. A pesar de los esfuerzos por erradicarla, la corrupción sigue siendo un obstáculo significativo para el progreso de la nación, lo que hace que hoy en día sea una prioridad unificar esfuerzos para combatirla.
En este contexto, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), ratificada por 191 estados, es reconocida a nivel mundial como el instrumento más relevante para la prevención y lucha contra este fenómeno.
Es importante destacar que la corrupción ha tenido un impacto devastador en la economía del Perú, afectando especialmente a los sectores más vulnerables. La distorsión provocada por la corrupción dificulta la implementación de políticas públicas eficaces en áreas clave como la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Según el Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República, en 2023 la corrupción generó un perjuicio económico superior a los 24000 millones de soles, una cifra alarmante que exige respuestas contundentes y soluciones a nivel nacional.
Ante este panorama, se requiere la colaboración activa de todos los sectores de la sociedad, uniendo esfuerzos entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía en general. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una gestión pública libre de corrupción.
Para ello, es fundamental continuar promoviendo la independencia de las instituciones encargadas del control y la fiscalización, garantizando que cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera objetiva y eficiente. Además, es crucial asegurar la transparencia en la gestión de los recursos públicos, brindando a la población acceso claro, oportuno y accesible a la información, y promoviendo su participación en los procesos de supervisión.
Otro aspecto esencial es la creación de un entorno seguro para los denunciantes de actos de corrupción, protegiéndolos contra represalias y asegurando que las sanciones sean efectivas, de manera que se logre un efecto disuasivo real. Asimismo, la promoción de una cultura de ética y responsabilidad en la gestión pública debe ser un objetivo transversal, reflejándose en todos los niveles de gobierno y en todo el territorio nacional.
Finalmente, me gustaría reflexionar sobre el impacto de la corrupción en relación con el crimen organizado. La violencia, la extorsión, la trata de personas, los delitos ambientales, el narcotráfico y otras actividades ilegales no solo afectan a las víctimas directas, sino que también tienen efectos destructivos sobre la cohesión social y el desarrollo económico de las naciones. Para reducir el poder y la influencia del crimen organizado, es esencial erradicar la corrupción que lo respalda. Esto implica reformas profundas en las instituciones estatales, en el sistema judicial y en las fuerzas de seguridad.
Aunque en muchos contextos la corrupción puede parecer un problema insuperable, la lucha contra ella es también una manifestación de esperanza y confianza en que es posible un futuro mejor. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se conmemoran todos los 9 de diciembre, es importante recordar que, en última instancia, la lucha contra este fenómeno es, sin duda, una lucha por un futuro mejor para todos.
