“El expediente fue elaborado teniendo en cuenta las recomendaciones de un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”. Fue uno de los argumentos con los que la ministra de Defensa justifica que el Ejército de Tierra colgara en la Plataforma de Contratación del Sector Público documentos que detallaban cifras de personal de sus unidades.
Los documentos aparecieron en una licitación de “Acuerdo Marco de adquisición de prendas de uniformidad, coordinación, almacenamiento, preparación, distribución y logística inversa de las peticiones de los suministros”.
Confidencial Digital contó el 4 de septiembre que se había levantado una fuerte polémica entre algunos buenos conocedores de los contratos del Ministerio de Defensa, al comprobar que un anexo de esa licitación permitía consultar 20 páginas de cifras de efectivos de unidades del Ejército de Tierra distribuidas por toda España.
Las tablas de ese documento ofrecían no cifras muy generales, del tamaño de una división o una brigada, sino que descendían al detalle de cuánto personal tiene cada regimiento, incluso unidades más pequeñas, grupos de cuarteles generales... Revelaba también datos de unidades especialmente sensibles, por tener funciones de inteligencia, y de operaciones especiales.
Ese anexo fue retirado de la Plataforma de Contratación del Sector Público, pero otro no desapareció hasta que fue señalado por otra noticia, publicada por The Objective.
Margarita Robles compareció este martes 10 de diciembre en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que reúne a diputados y senadores de las dos cámaras de las Cortes Generales.
Uno de los puntos del orden del día era esta polémica publicación de datos que distintas fuentes militares consideraban un error, ya que las cifras de cuántos efectivos tiene cada unidad de las Fuerzas Armadas no es información pública, sino que se trata de mantener oculta.
La ministra de Defensa basó su intervención en argumentos que ya apuntó el Gobierno en una respuesta parlamentaria que dio a varios diputados del PP que preguntaron tras la noticia de ECD: no se habían desvelado datos sensibles, ni información clasificada, y por tanto no se había puesto en peligro la seguridad ni la operatividad de las Fuerzas Armadas.
Robles se detuvo especialmente en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tal y como se contó en estas páginas, ese informe empujó al Ejército de Tierra a modificar aspectos importantes de la licitación, como dividir en lotes el contrato, cuando antes había previsto lanzar un único lote.
Explicó la ministra que la Junta de Contratación del Ejército de Tierra remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia los pliegos y memorias justificativas de la licitación para adquirir prendas de la uniformidad.
“La CNMC emitió el referido informe, en el que se plasmaba que aspectos como la localización geográfica, el número de personal, el tipo y cuantía de los posibles artículos, eran datos cuya aproximación lo más fiable posible debería ofrecerse a todos los licitadores interesados en el procedimiento de licitación, fomentando de esta manera la concurrencia con plenas garantías de igualdad de trato, transparencia y no discriminación”, indicó Robles.
Las conclusiones de ese informe “fueron tenidas en cuenta por la Junta de Contratación del Ejército de Tierra”, en varios puntos. Por un lado, de un lote único se pasó a 20 lotes, y además, explicó la ministra, se cumplió la recomendación de poner a disposición de todos los licitadores la información relativa al potencial consumo por artículos y sus correspondientes destinatarios.
Se trataba de una medida recomendada por la CNMC “para evitar otorgar a la UTE actual una clara posición de ventaja competitiva”, es decir, que nuevas empresas pudieran competir con el grupo de empresas que hasta ahora suministran estos productos al Ejército de Tierra.
“Por ese motivo se acordó publicar un anuncio previo e incluir dentro de la documentación a disposición de los futuros licitadores el anexo IV” del Pliego de Prescripciones Técnicas “que posteriormente se retira”.
La ministra de Defensa cargó muy duramente con los medios que advirtieron de lo sucedido. En esas noticias se “afirmaba de manera totalmente alarmista y desconocedora de la realidad que se había publicado información sensible sobre la estructura, efectivos y capacidades del Ejército de Tierra, llegando incluso a escribirse incomprensiblemente que lo publicado era el Orbat, la [sic] orden de batalla. Nada más lejos de la realidad”.
Como ya había hecho por escrito, Robles insistió en que “en ningún momento ese anexo ni cualquier otro documento de ese expediente han revelado información clasificada ni sensible que pudiera hacer peligrar ni la integridad de las unidades de las Fuerzas Armadas ni la de sus miembros”, y “tampoco la seguridad ni la capacidad operativa de las mismas se han visto afectadas”.
“Y mucho menos que dicha información constituya nada semejante al Orbat”, subrayó.
Sobre las justificaciones de la ministra ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, cabe señalar que en el informe la Sala de Competencia de la CNMC dejó escrito lo siguiente:
-- “Por lo que se refiere a la demanda, se recomienda estimar las necesidades futuras con una visión estratégica y no limitarlas a una mera extrapolación de necesidades históricas. Por tanto, sería deseable realizar una aproximación lo más fiable posible tanto del personal (número y localización geográfica) como del tipo y cuantía de artículos de vestuario a requerir durante la ejecución del contrato (3 años y 2 posibles de prórroga)”.
Valoró también la CNMC lo siguiente:
-- “De cara a plantear esa aproximación de la demanda, debe tenerse en cuenta que en el anexo del PCAP consta información sobre los posibles puntos de entrega y peticionarios (en ámbito nacional y extranjero). Igualmente, se prevé poner a disposición de los adjudicatarios información sobre los consumos relativos a los pedidos personalizados en los últimos 4 años [...] y sobre la cantidad máxima anual de consumo por artículo/usuario [...].
-- “Esta información sobre la demanda podría extraerse de las planificaciones de personal realizadas por el Ejército de Tierra y sus necesidades de vestuario. Esta información se presume que podría completarse fácilmente a partir de los informes sobre los suministros realizados en el marco del contrato vigente”.
-- “En este punto sobre el acceso de los datos sobre peticionarios, lugares de entrega y pedidos personalizados, no debe perderse de vista que también es información disponible para la actual adjudicataria (UTE) del contrato de vestuario”.
-- “Por ello, esta información también debería ofrecerse a todos los licitadores interesados en participar en el procedimiento de adjudicación para fomentar la concurrencia con plenas garantías de igualdad de trato, transparencia y no discriminación y evitar que la actual UTE adjudicataria (o sus miembros considerados individualmente) obtenga una ventaja competitiva injustificada en el proceso”.
Si se contrasta el informe de la CNMC y los argumentos de Margarita Robles ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, se pueden indicar algunos puntos que no coinciden exactamente.
Efectivamente, Competencia recomendó “realizar una aproximación lo más fiable posible tanto del personal (número y localización geográfica) como del tipo y cuantía de artículos de vestuario a requerir durante la ejecución del contrato”.
Sin embargo, eso no implicaba necesariamente que se publicara en una plataforma abierta a cualquier internauta una lista de 20 páginas con cifras concretas de personal en unidades del Ejército de Tierra.
Cabe apuntar, entre otras cuestiones, que es frecuente que ciertas licitaciones públicas relacionadas con cuestiones de seguridad y de defensa no revelen públicamente todos los pliegos y documentos.
Cuando se considera que ciertos detalles no deben ser difundidos públicamente, por ejemplo el pliego de prescripciones técnicas no se cuelga en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
La solución en esos casos es ofrecer un documento (suele indicarse “PPT reservado”) que indica a los posibles licitadores, a las empresas interesadas, que si desean consultar ese documento con detalles sensibles, deben ponerse en contacto con el órgano de contratación, por correo electrónico o teléfono.
Ya esa medida hubiera impedido que cualquier internauta hubiera accedido al anexo IV que ofrecía datos de personal de numerosas unidades del Ejército de Tierra. Esa lista no hubiera estado colgada en una URL de acceso público.
Otra opción es la que implantó la Junta de Contratación del Ejército de Tierra. Tras la polémica y la retirada de dos anexos (uno con cifras concretas, y otro con porcentajes sobre el total de la plantilla del Ejército), publicó otro documento, una tabla en la que ya no aparecían unidades, sino las provincias y ciudades autónomas, y al lado un “% pedidos estimados”.
Es decir, que había decidido agrupar los datos, y ya sólo indicaba a las empresas cuántos militares hay en cada provincia, para que ellas calcularan dónde tendrían que suministrar más prendas.
Sobre ninguna de estas soluciones habló Margarita Robles al dar explicaciones sobre esta polémica, que ella atribuyó a noticias “alarmistas” y “desconocedoras de la realidad”.
Otra cuestión que no trató en su comparecencia parlamentaria fue la decisión, desvelada por The Objective, de apartar a un teniente coronel que había estado implicado en la gestión de la licitación de los uniformes.
“Aspectos como los publicados en el anexo y otras muchas informaciones sobre las unidades del Ejército de Tierra ya están disponibles públicamente con distintos niveles de precisión”.
Ese fue otro argumento que utilizó la ministra para desacreditar posibles críticas sobre lo sucedido con esta licitación pública.
Robles se afanó en argumentar que “en fuentes como revistas especializadas, publicaciones oficiales o incluso plataformas en línea relacionadas con la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas” ya se pueden consultar datos como los ofrecidos por esos anexos.
Por tanto, trataba de quitar importancia a lo revelado, que como remarcó varias veces, ni supuso la filtración de información clasificada, ni sensible, ni había puesto en riesgo la seguridad.
Llegó a decir que en la web del Ejército de Tierra y otros canales oficiales se puede obtener información sobre la organización interna y la distribución geográfica de sus unidades.
Además, “existe una amplia gama de plataformas no oficiales” que recopilan mucha información sobre el Ejército de Tierra. Llegó a citar a la revista Ejércitos, uno de los medios que criticó lo sucedido, de la que destacó que publica artículos en profundidad sobre la organización de las brigadas del Ejército de Tierra.
También citó “portales internacionales como el World Factbook de la CIA”, que “ofrece información sobre las capacidades militares de España, si bien es cierto que estos datos son de carácter general”.
¿Por qué entonces se retiraron anexos, si no desvelaban datos sensibles? “Al objeto de no contribuir a la más mínima infundada polémica y preservar el buen hacer de los profesionales del Ejército de Tierra”, justificó Margarita Robles.
Acerca de estos argumentos, es relevante señalar que ni Confidencial Digital ni otros medios apuntaron que el patinazo estuviera en revelar la estructura interna del Ejército de Tierra, ni la ubicación geográfica de las unidades.
Es obvio que eso sí es información pública. En la web de Tierra, en la pestaña ‘Unidades’, se puede consultar qué unidades hay en cada provincia o ciudad autónoma. Y de cada unidad se indica su acuartelamiento.
Pero lo que ningún canal oficial del Ejército de Tierra, tampoco su web, desvela es el número de efectivos que tiene cada unidad. No da ningún dato numérico, ni aproximado, sobre cuántos militares tiene cada Tercio de la Legión y cada Grupo de Regulares en Ceuta y Melilla, cuántos hay en cada regimiento de Infantería, Caballería, Artillería... en la Península Ibérica, Canarias y Baleares.
Frente a los argumentos de la ministra, hay que señalar que el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, son muy celosos de facilitar números concretos de efectivos de sus unidades.
Las consultas relacionadas suelen ser rechazadas. Se dan cifras generales, por ejemplo cuántos militares se mandan a una misión en el exterior (Líbano, Letonia...).
Pero no se dan datos de cuántos militares navegan en una fragata, cuántos hay en una base aérea, cuántos tiene un cuartel general, o una unidad subordinada de una brigada.
Otras fuentes citadas por la ministra tampoco revelan cuántos efectivos tiene, por ejemplo, el Batallón de Zapadores Paracaidistas, ni cuántos hay en las distintas unidades de inteligencia dependientes del Estado Mayor del Ejército descentralizadas en varias ciudades de España. Sí se podían saber esas dimensiones de personal en el anexo publicado.
Por ejemplo, el CIA World Factbook sólo indica lo siguiente sobre las Fuerzas Armadas españolas: “Aproximadamente 118.000 tropas en servicio activo (70.000 del Ejército; 25.000 de la Armada, incluidos unos 5.500 infantes de Marina; 23.000 del Ejército del Aire y del Espacio); 80.000 de la Guardia Civil (2024). Nota: las cifras militares incluyen alrededor de 3.500 miembros de la Unidad Militar de Emergencias y entre 1.500 y 2.000 miembros de la Guardia Real”.
Lo mismo ocurre en webs especializadas, como Global Fire Power, que elabora un ránking anual de la potencia de las fuerzas militares de todo el mundo. Sólo da cifras, y redondeadas, de cuántos efectivos tiene el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire.
Otras estadísticas oficiales del Ministerio de Defensa sólo revelan esos datos globales, de cuántos militares hay en todas las Fuerzas Armadas, y el desglose por ejércitos. Pero no descienden al detalle de cifras exactas por unidades.
Como ya se contó en estas páginas, la instrucción técnica IT 11/09 del Estado Mayor del Ejército, que se aprobó en 2009, estableció medidas sobre seguridad de la información. El Anexo III ofrece un “listado de asuntos que no deben ser difundidos fuera de los ámbitos establecidos”.
Se aclara que son asuntos sobre los que el personal del Ejército de Tierra “debe guardar la debida reserva, evitando ser difundidos en Internet (foros, chats), conversaciones informales, visitas a UCOs [unidades]...”.
El tercer punto de la lista de asuntos “que no deben ser difundidos fuera de los ámbitos establecidos” es el siguiente: “Efectivos y grado de cobertura de las Unidades”, es decir, muy similar a lo que parece que reveló el anexo de la licitación de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra para contratar el suministro de prendas de uniformidad.
Las prevenciones de seguridad de la información se traducen en negativas oficiales a revelar datos numéricos de militares desplegados por España. Es frecuente que el Gobierno reciba preguntas parlamentarias sobre las Fuerzas de Seguridad, presentadas por diputados y senadores que quieren conocer, por ejemplo, cuántos guardias civiles hay en su circunscripción.
Estos miembros de las Cortes Generales pueden registrar preguntas para respuesta por escrito. Plantean unas preguntas, unas peticiones de información, y semanas después el Ejecutivo les responde.
Sirva un caso de 2018 como ejemplo. Una diputada de EH Bildu en el Congreso pidió datos desglosados de cuántos policías nacionales, cuántos guardias civiles y cuántos militares estaban destinados por entonces en cada comunidad autónoma, incluso en cada provincia, y cuál había sido la evolución de esas cifras en los diez años anteriores.
En algunas ocasiones, el Gobierno se ha negado a dar datos de efectivos de la Guardia Civil o de la Policía Nacional en ciertas demarcaciones territoriales, con la justificación de que dar pistas sobre el despliegue de agentes puede ser aprovechado por los delincuentes para burlarles.
También suele acogerse a la Ley de Secretos Oficiales para no dar datos concretos de ciertas unidades, por ejemplo de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional y otras.
A la pregunta de la diputada de EH Bildu en 2018 el Gobierno sí respondió con cifras totales de policías nacionales y guardias civiles que había en cada provincia y ciudad autónoma.
Pero a lo que se negó fue a facilitar los mismos datos referidos a militares, con la siguiente justificación:
-- “Sobre el personal militar solo se pueden proporcionar datos globales relativos a número total de efectivos, incorporaciones y bajas y otros datos estadísticos, siempre que no comprometan la Defensa Nacional o la eficacia y seguridad de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes. Así, conforme a la normativa vigente, la distribución y despliegue del personal de Unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional constituye materia clasificada, ya que puede afectar a la seguridad de las mismas”.
Sin embargo, ese mismo año a la misma diputada de EH Bildu respondió a otras preguntas específicas sobre el País Vasco y Navarra, y sí le reveló que “el número de militares destinados en el País Vasco en el año 2011 era de 1.692 y en la actualidad es de 1.481”, y que “el número de militares destinados en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2011 era de 698 y en la actualidad es de 692”.
Pero como se ve ha sido el mismo Gobierno de España, se entiende que el Ministerio de Defensa, el que ha dejado por escrito que “solo se pueden proporcionar datos globales relativos a número total de efectivos, incorporaciones y bajas y otros datos estadísticos”, y que “la distribución y despliegue del personal de Unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo del territorio nacional constituye materia clasificada, ya que puede afectar a la seguridad de las mismas”.
