Este miércoles se cumplen dos años desde que el sur del país empezó a reportar las primeras víctimas de la represión del Estado, durante las protestas sociales surgidas tras el fallido golpe de Pedro Castillo. Los familiares y abogados que acompañan ahora las investigaciones coinciden en que el Ministerio Público ha realizado un trabajo bastante lento. Apurímac es la región que más trabas enfrentó en los procesos indagatorios.
Beckhan Romario Quispe Garfias (18 años) y David Atequipa Quispe (15 años) fueron las primeras personas asesinadas en Andahuaylas, el 11 de diciembre del 2022, en el contexto de la represión policial.
Detrás del hilo telefónico, Dany Quispe, padre de Beckhan y ahora dirigente principal de los familiares de las siete víctimas de Apurímac, advierte un proceso de investigación muy lento que no garantiza, por ahora, la anhelada justicia.
“Nosotros los familiares, sin embargo, vamos a luchar hasta el final, hasta que se haga justicia; todos, junto con los familiares de las víctimas de Ayacucho, Puno, Arequipa y las otras regiones”, comenta Dany Quispe.
Raúl Peceros, uno de los abogados que participa en la asistencia legal para los familiares de las víctimas, detalló que en Apurímac se han abierto cuatro carpetas fiscales para la investigación de los asesinatos y otras violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante las protestas.
La carpeta considerada como la principal, que abarca la investigación por delito de homicidio y lesiones graves, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, pasó recién este año de la etapa preliminar a la formalización de la investigación preparatoria.
“El 19 de octubre se ha formalizado la investigación ya en etapa preparatoria. Esto quiere decir que, para la Fiscalía, existe una sospecha reveladora y se cuenta con los elementos de convicción. Lo contrario hubiera sido el archivo”, explica.
Sobre los plazos, el abogado comenta que “hay muchas falencias”. Según recordó, el caso de los primeros fallecidos lo asumió primero una fiscalía penal de Andahuaylas. “Luego, por tratarse de violación a los derechos humanos, la carpeta pasa a una fiscalía supraprovincial de Abancay hasta abril del 2023. Luego Patricia Benavides crea el equipo especial y nuevamente lo remiten a este equipo que sufrió varios cambios”, advierte Raúl Peceros.
Existe otra carpeta fiscal por los asesinados en Chincheros, cuya formalización de investigación preparatoria se produjo recién en agosto de este año, según explica el abogado. También hay una carpeta por la emboscada policial contra ciudadanos de Huancabamba, donde fue asesinado Denilson Huaraca Vílchez (22 años).
Y hay una cuarta carpeta abierta recién este año por tortura agravada, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), explica que luego de los asesinatos de diciembre del 2022, varios heridos de Apurímac evitaron acudir a los establecimientos de salud, pues el personal policial decidió realizar investigaciones, en la lógica de la criminalización de las protestas. Fue por ello que los afectados no ofrecieron sus testimonios.
“Las diligencias preliminares iniciaron recién el 12 de febrero de este año”, detalla el abogado, luego de que la Fiscalía fue acumulando testimonios de las otras carpetas. “(En la emboscada policial) hubo también heridos por arma de fuego; fueron estigmatizados como ‘terrucos’ cuando fueron bajados del camión; han sufrido humillación y denigración por parte de la Policía cuando fueron intervenidos y dejados a la intemperie por mas tres de horas. Hubo actos tortura. Los han insultado y golpeado”, detalló.
Esta nueva investigación incluye diligencias que se realizarán recién en el año 2025.
