La minería ilegal, una actividad que representa graves riesgos para el medio ambiente y el orden económico, ha encontrado en Pataz, La Libertad, su epicentro en Perú. Esta ciudad es conocida por su riqueza aurífera, lo que la convierte en un punto estratégico para los grupos informales que extraen oro sin regulación. Aunque las autoridades realizan esfuerzos para controlar este problema, las redes ilegales se adaptan rápidamente, usando estrategias que dificultan la intervención estatal, como el uso de un documento del REINFO para transitar libremente con el mineral extraído ilícitamente.
Mafias millonarias invierten hasta US$4.000 por metro cuadrado para extraer el metal. En Pataz se ha construido alrededor de 200 socavones con alta ingeniería para robar a los mineros formales.
En la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, las mafias dedicadas a la minería ilegal operan con impunidad sin que el Estado les pueda hacer frente. Según un reportaje de Cuarto Poder, en los últimos tres años se han registrado diversos atentados, que han dejado 18 fallecidos de la compañía Minera La Poderosa, la única que opera formalmente en la ciudad.
Según explicó el analista político Iván Arenas Ramírez al citado medio, los mineros ilegales no son pequeños campesinos, sino grupos organizados que pueden llegar a invertir hasta 4.000 dólares por metro cuadrado en la construcción de socavones con maquinaria pesada.
“La empresa hace laboreos o túneles para acercarse a las vetas con mineral. Luego, la minería ilegal también hace trabajos para interceptar las zonas de operación formal con el objetivo de robar la minería que la empresa de manera formal está trabajando”, señaló Arenas.
Miles de mineros ilegales se han asentado en el lugar para conseguir el preciado metal, que se valoriza entre US$2.700 y US$2.800 por onza. Ello ha ocasionado que el precio del terreno alcance valores superiores a los de muchos distritos de Lima, con precios de entre US$1.000 y US$1.200 por metro cuadrado.
“Nosotros como empresa hacemos túneles para acercarnos a las vetas que tienen contenido mineral. La minería ilegal también hace labores para interceptar nuestra zona de operación con el objetivo de robar el oro que la empresa de forma formal está trabajando”, indicó un representante de la Minera La Poderosa.
En los socavones ocurre no solo el robo del oro por parte de los mineros informales, sino que las mafias hacen ingresar a bandas criminales para capturar a los trabajadores y obligarlos trabajar por varios días en condiciones precarias, para luego quedarse con el mineral extraído.
El metal sustraído de manera clandestina es trasladado por una ruta que pasa por una única zona de control policial, el Puente Chagualito. En esta zona, en lugar de ser detenidos, los criminales burlan a la autoridad presentando el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), documento que acredita que los mineros están en vía de formalización.
Este registro se desarrolló para ordenar las actividades de los pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, hoy se ha convertido en una herramienta que estas mafias aprovechan para operar fuera de la ley. Aunque su propósito inicial era promover la transición hacia la legalidad, algunos mineros ilegales obtienen este documento para amparar sus actividades extractivas.
“Ahí el minero (ilegal) puede decir ‘estoy llevando 50 toneladas (de oro), pero tengo REINFO’. Entonces, como tiene el documento, la autoridad le dice ‘¿sabe qué? Pase usted, señor’”, detalló Arenas.
Cada vehículo que cruza el puente sin mayor supervisión no solo representa una pérdida para el Estado, sino un golpe a las empresas formales que trabajan legalmente. Según Cuarto Poder, al día salen 700 volquetes con el mineral desde Pataz hacia las plantas de tratamiento en Trujillo para su posterior comercialización en el Perú y en el extranjero.
En un giro controversial, el Congreso de la República aprobó recientemente, con 87 votos a favor y 12 abstenciones, la ampliación del uso del REINFO hasta el 30 de junio 2025, una decisión que ha sido duramente criticada por expertos en minería y organizaciones ambientales. Si bien el objetivo es dar más tiempo a los mineros informales para formalizarse, los detractores aseguran que esta medida prolonga el caos y fomenta la expansión de actividades ilícitas, facilitando el blanqueo del mineral extraído ilegalmente.
Luego de obtener la aprobación en primera votación, se presentó y aprobó con más de 80 votos una solicitud para exonerar el proyecto de una segunda votación. Ahora, la normativa será remitida al Poder Ejecutivo para que sea refrendada por la presidenta Dina Boluarte.
La falta de un control riguroso, sumado a la corrupción en algunas instancias del proceso, genera escepticismo sobre los resultados de esta prórroga. Mientras tanto, las comunidades afectadas siguen exigiendo soluciones urgentes que prioricen la sostenibilidad y la seguridad en Pataz, donde la minería ilegal continúa siendo un problema que no conoce límites.
