Justo en el día en el que se cumplía un año de la firma del acuerdo de Gobierno entre Carles Puigdemont y el PSOE, el que fuera president de la Generalitat de Cataluña de 2016 a 2017, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró "no fiarse" de Pedro Sánchez.
En este sentido, después de que Puigdemont se reuniese con la Ejecutiva Nacional de Junts per Catalunya para hacer balance y valorar el cumplimiento del acuerdo alcanzado con los socialistas hace un año, el prófugo de la Justicia compareció desde Bruselas para exigir al presidente del Gobierno que se someta a una "cuestión de confianza" después de asegurar que Pedro Sánchez "no es de fiar".
"Podemos afirmar que un año después las cosas no van bien", explicó el líder de Junts, asegurando que Sánchez "no ha hecho lo suficiente para merecer nuestra confianza, a pesar de que hemos sido pacientes y generosos", en referencia a la aplicación de la Ley de Amnistía, a que el catalán no se ha convertido en lengua oficial en Europa y a que el acuerdo "bilaterial" de financiación para Cataluña se había convertido en "multilateral".
Por ello, Puigdemont anunció que justo antes de la comparecencia, el Grupo Parlamentario de Junts en el Congreso de los Diputados acababa de registrar una Proposición no de Ley (PNL) en la Cámara Baja en la que se solicita al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza en el Parlamento.
No obstante, la cuestión de confianza es un recurso limitado y exclusivo del presidente del Gobierno, que además no tiene ninguna obligación de presentarla. No obstante, de presentarse y no obtener la confianza de la Cámara, el resultado puede tener consecuencias irreversibles para el funcionamiento del país.
La cuestión de confianza es una de las dos formas de control al Gobierno que poseen las Cortes Generales, junto a la moción de censura. De esta manera, este instrumento legal, que se recoge en el artículo 112 de la Constitución Española, faculta al presidente del Gobierno, previa deliberación en el Consejo de Ministros, a someter su continuidad a la confianza de la Cámara, en este caso del Congreso de los Diputados.
De esta manera, la cuestión de confianza es un instrumento legal que se suele utilizar cuando el Ejecutivo atraviesa dificultades en el ejercicio de sus funciones, por lo que se suele presentar para que la Cámara refuerce su posición política y, así, que el Gobierno salga reforzado al conseguir la confianza del Parlamento.
Es importante remarcar que la cuestión de confianza solo puede ser presentada por el presidente del Gobierno y, una vez presentada, se produce un debate en el Pleno del Congreso de los Diputados que finaliza con la confianza, o no, de este al Gobierno.
En caso de presentarse, el Pleno extraordinario comenzaría con la intervención del presidente del Gobierno, por tiempo indefinido, donde este expone sus razones por las que ha presentado la cuestión de confianza ante la Cámara. Posteriormente, intervienen los grupos parlamentarios, con una duración de 30 minutos cada uno, y con un turno de réplica para cada uno de ellos.
Posteriormente, tras el debate, tiene lugar una votación por llamamiento, en el que los diputados deben responder si le otorgan la confianza, o no, al presidente del Gobierno y, por ende, al Ejecutivo. Así, la confianza se entenderá otorgada cuando el presidente del Gobierno obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados, es decir, más votos a favor que en contra.
Si la cuestión de confianza se aprueba por mayoría simple del Congreso, el Gobierno sigue en su cargo y refuerza su posición política. En cambio, si la cuestión de confianza no consigue la mayoría simple, el presidente del Gobierno y todo su Ejecutivo debe dimitir obligatoriamente.
En este caso, el presidente del Gobierno debe presentar su dimisión ante el jefe del Estado, es decir, ante el Rey, quien, tras recibir la carta, deberá proceder con el procedimiento ordinario para designar a un nuevo jefe del Ejecutivo: llamando a consultas a los diferentes grupos parlamentarios.
De esta manera, una vez el Rey designe un candidato, este deberá someterse a la confianza de la Cámara a través de una sesión de investidura ordinaria que, de salir favorable, ostentaría la presidencia del Gobiero durante el periodo de Legislatura restante.
Desde la aprobación y entrada en vigor de la Constitución en 1978, tan solo dos presidentes del Gobierno se han sometido a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados, ambas con resultados exitosos.
La primera de ellas ocurrió en septiembre de 1980, cuando el presidente Adolfo Suárez (UCD) pidió apoyo a la Cámara para superar la crisis y aprobar el desarrollo autonómico que se acababa de consolidar en la Carta Magna. Finalmente, el resultado de la votación fue favorable: 180 síes, 164 noes y dos abstenciones, por lo que superó la cuestión de confianza.
La siguiente, y por el momento última cuestión de confianza presentada en España, tuvo lugar en abril de 1990, cuando Felipe González (PSOE) se sometió a la confianza de la Cámara Baja tras los problemas que tuvo en el recuento de escaños tras las elecciones generales en Murcia, Pontevedra y Melilla. Finalmente, el socialista superó la confianza de los diputados con 175 votos a favor, 130 noes y 37 abstenciones.
