El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), que atiende a personas adultas mayores en situación de pobreza, cierra el año con la mayor pérdida de la última década y empezará el 2025 sin reservas, por lo que dependerá totalmente del dinero que le transfiera el Ministerio de Hacienda.
Hasta octubre, el fondo acumuló un déficit de ¢43.165 millones, lo que representa un fuerte retroceso respecto al excedente de ¢23.169 millones registrado al cierre de 2023, según los estados financieros del sistema.
El resultado de este año es casi tres veces mayor que la pérdida de ¢14.951 millones registrada en 2021, en plena pandemia de la covid-19, que era hasta ahora la más alta del régimen.
El desequilibrio obedece a que los ingresos, financiados en su totalidad por el Gobierno, son insuficientes para cubrir los gastos del régimen. Jaime Barrantes Espinoza, gerente de Pensiones, explicó que, pese a esta situación, no se ha retrasado el pago a ninguna de las 150.846 personas cubiertas por el fondo, gracias a una provisión previa para compensar las transferencias insuficientes de Hacienda.
Sin embargo, advirtió de que para el próximo año el RNC no contará con este “colchón” y comenzará con un faltante de ¢18.618 millones. “Enviamos notas al Ministerio de Hacienda y al de Trabajo informando sobre la situación. Esperamos que se pueda corregir durante el transcurso del próximo año”, afirmó.
El gerente también confirmó que el fondo utilizó en 2022 y 2023 recursos excepcionales para cubrir el déficit no financiado por el Gobierno. En particular, mencionó el traslado de ¢29.433 millones provenientes de las operadoras de pensiones complementarias (OPC), con recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), correspondientes a fondos no reclamados por más de 10 años tras el fallecimiento del afiliado o pensionado.
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Indicó que la institución no tomará ninguna decisión hasta recibir la respuesta del Poder Ejecutivo. Pero ya se informó a Hacienda de que, si no se presupuestan recursos adicionales, la pensión mensual de ¢82.000 se reduciría a ¢73.576 para las 145.290 personas que reciben dicho beneficio.
También se baraja la posibilidad de no entregar las 5.000 nuevas pensiones anuales establecidas como meta por el gobierno, según el informe Estimación de transferencias del Gobierno Central a la CCSS para el periodo 2025, elaborado por la Dirección Actuarial de la institución.
Por otra parte, la CCSS descartó que el desequilibrio presupuestario del régimen afecte a 5.556 personas con parálisis cerebral profunda que reciben al mes ¢358.609.
El 6 de diciembre La Nación consultó a Nogui Acosta, ministro de Hacienda, si el Poder Ejecutivo aportará el próximo año los recursos adicionales para compensar el faltante. Pero al cierre de este artículo no se recibió respuesta.
El RNC se financia mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) y por medio de transferencias de Hacienda provenientes de la recaudación de impuestos específicos como el de cigarrillos, licores y la lotería electrónica.
Dicho fondo fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión para las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
Las pérdidas en este fondo de jubilaciones se generan por la combinación de varios factores como el aumento en los gastos provocado por la incorporación de nuevos jubilados al sistema, lo cual implicó un alza en el pago de beneficios.
Además, afecta el aumento en el pago del subsidio del seguro de salud de la CCSS, para la atención médica de los pensionados, asumido por el sistema. A octubre, había 150.846 pensionados del RNC, casi 4.000 adicionales frente a los 146.905 al cierre del 2023.
La cuantía mensual para el 96% de los jubilados se mantiene, desde hace varios años, en ¢82.000. Mientras que para 5.556 beneficiarios con parálisis cerebral profunda el beneficio es de ¢358.609; el año anterior era de ¢325.330, según los datos de la CCSS.
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Durante los últimos cinco años el sistema entregó, anualmente, en promedio, 5.500 nuevas jubilaciones. Pero también se otorgan hasta 7.000 cada año a raíz de sustituciones por personas que fallecieron.
Barrantes explicó que el RNC actualmente tiene una lista de espera de 30.000 ciudadanos que presentaron una petición de beneficio. “Las personas deben esperar de dos a tres años para obtener respuesta a su petición. Dada la alta demanda, es necesario entregar 10.000 nuevos beneficios cada año”, apuntó.
Hasta octubre, el pago de beneficios a pensionados fue de ¢148.103 millones, lo cual implicó un aumento del 4,6% con respecto a los ¢141.505 millones girados en el mismo periodo del 2023.
Mientras, por el subsidio al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) se pagaron ¢18.767 millones, lo cual significó un alza del 4,7% con respecto a los ¢17.910 millones en el mismo plazo del 2023, según los estados financieros del fondo de jubilaciones.
Otro de los egresos del sistema fue una devolución de ¢20.664 millones de recursos trasladados por Fodesaf, durante el 2023, pero que no fueron usados en dicho periodo.
El gerente de Pensiones indicó que el dinero se devolvió porque la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares hizo la petición del reintegro porque la legislación así lo ordena cuando los recursos no son usados.
La Contraloría General de la República criticó, en octubre, que se ha convertido en una práctica habitual del gobierno hacer una presupuestación más baja a los seguros sociales administrados por la CCSS.
Cuando surge este tipo de faltantes, el proyecto de presupuesto no refleja la realidad económica del gobierno, según el informe Evolución de las asignaciones presupuestarias a la CCSS por contribuciones y transferencias (2016-2025).
