La iniciativa cuenta con el apoyo de Vox, ERC y PNV y tiene que ir a Pleno todavía; de aprobarse, el tributo se suspendería siempre que no haya déficit de tarifa
Junts ha pactado con el PP introducir una enmienda a una ley en el Congreso para volver a suspender a partir de 2025 el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. La iniciativa, que todavía tiene que ir a Pleno, ha prosperado porque contó con el apoyo de Vox, ERC y PNV, y salió adelante pese al rechazo de los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar. Los siguientes pasos son ir a Comisión y luego a Pleno. De aprobarse definitivamente, se volvería a suspender este tributo que implantó el PP en 2013.
La enmienda transaccional redactada por Junts y pactada con los populares señala que “con efectos desde el 1 de enero de 2025 y, en tanto el sistema no genere déficit de tarifa, se aplicará el tipo del 0 por ciento” en este impuesto. La enmienda ha sido incorporada al informe de la Ponencia del Proyecto de Ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Está por ver si finalmente sale adelante. El Gobierno tiene la facultad de vetar las enmiendas a un proyecto de ley “que supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.
El reglamento del Congreso establece que, en estos casos, la Ponencia encargada de redactar el informe las remitirá al Gobierno y el Ejecutivo deberá dar respuesta razonada en el plazo de quince días.
La recaudación de este impuesto es de unos 1.100 millones de euros al año. Preguntada por este asunto tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, no ha aclarado si el Ejecutivo va a vetar esta enmienda, que “está en fase de ponencia”, un trámite “absolutamente inicial”. “Queda mucha tramitación y mucho debate por delante”, afirmado Alegría, que ha señalado que el Gobierno es “perfectamente consciente de la situación de minoría parlamentaria que tenemos” y que “han decidido los ciudadanos el pasado 23 de julio”.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica indican que las enmiendas aprobadas son “ajenas a la transposición europea” de dos directivas de la UE relativas a este régimen que actualiza el régimen de derechos de emisión, “una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española”, y que esa transposición “es urgente”, dado que el plazo para incorporarlas al ordenamiento jurídico español ha sido “de apenas siete meses”, y la norma tiene novedades que se aplican desde el próximo 1 de enero, como la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.
Esta normativa afecta a 900 instalaciones industriales y energéticas, a 30 operadores aéreos, a 600 navieras y a unos 1.000 distribuidores de combustibles, que tienen gran inseguridad jurídica y riesgo de litigiosidad. “Es necesario eliminar esa inseguridad jurídica y los daños económicos que puede acarrear la falta de marco jurídico a un amplio número de sectores económicos e industriales”, y que “derivan en una merma de su competitividad frente a sus homólogos europeos”, subrayan desde el departamento de Sara Aagesen.
El Gobierno “está estudiando diversas opciones para lograr la transposición de la normativa europea, determinado por su ambición de lucha contra el cambio climático en un escenario de emergencia climática y por su compromiso con las empresas y sectores económicos que dan pasos para su descarbonización”, añade Transición Ecológica.
El impuesto a la generación eléctrica ya estuvo suspendido desde finales de 2018, cuando el precio de la electricidad empezó a dispararse en el mercado mayorista. Y volvió a suspenderse durante la crisis de precios energéticos derivada de la guerra en Ucrania. Actualmente está fijado en el 7%. Con esta enmienda el tipo volvería a pasar a cero. En el último ejercicio cerrado, 2022, el sistema eléctrico registró un superávit de cerca de 6.200 millones de euros, según la última liquidación definitiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Pero ese superávit se ha ido consumiendo para costear las rebajas de los peajes eléctricos al 55% y la exención de estos pagos para la gran industria.
El impuesto fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy para frenar el multimillonario déficit de tarifa (diferencia entre ingresos y costes regulados) que en 2012 amenazaba con llevar a la quiebra al sistema eléctrico. El Tribunal de Justicia de la UE lo avaló en 2021. Junts ha pactado su eliminación con el PP coincidiendo con la llamada del expresidente catalán Carles Puigdemont este lunes a que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza.
Para justificar la introducción de esta enmienda, Junts expuso que el Libro Blanco para la reforma tributaria que el encargó el Gobierno recomendaba suprimir esta figura fiscal, ya que no diferencia entre las distintas tecnologías de generación y con ello perjudica la transición energética.
El PP asegura que la suspensión de este gravamen, que se cobra a las generadoras de electricidad pero que las eléctricas repercuten luego a los consumidores en los precios del mercado mayorista, supondrá un “ahorro” estimado de 400 millones de euros para las familias españolas. En el caso de las Pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.
Desde las filas populares califican la aprobación de la enmienda de “éxito parlamentario impulsado por el Grupo Popular, cuya entrada en vigor permitirá bajar el precio de la factura eléctrica a las familias y a las empresas, algo que el GPP viene demandado desde el mes de septiembre del año 2018”. Los populares también han apoyado otra enmienda que “favorece” la continuidad de la industria de cogeneración. En este caso, para extender su vida útil y evitar el cese de su actividad a partir del 31 de diciembre.
La enmienda, presentada por ERC y Junts y apoyada por PP, PNV con la abstención de VOX, “permitirá a las industrias calorintensivas mantener sus plantas en operación hasta que se apruebe y se adjudique, en su caso, la retribución derivada del nuevo régimen regulador de estas tecnologías, que deberá aprobar el Gobierno a la mayor brevedad posible”, explicó la patronal Cogen España en una nota.
Ambas medidas formaban parte del plan energético que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, remitió a Moncloa el 12 de septiembre de 2022. El grupo parlamentario popular “espera que, ante esta nueva derrota que evidencia la debilidad extrema del Gobierno en el Congreso y la ausencia de una mayoría sólida para legislar, el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, como han hecho en otras ocasiones, para bloquear la convocatoria de la Comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz”.
