A un año de asumir la presidencia, Javier Milei continúa viviendo bajo el lema de la "motosierra". Durante los 12 meses de gestión demostró una capacidad para gestionar el conflicto luego de recortar casi $10,5 billones en transferencias a las provincias y aún así consiguió que los gobernadores dialoguistas le dieran Ley Bases y los vetos presidenciales. ¿Qué se puede esperar de cara al próximo año?
"Vamos a tomar las medidas necesarias para arreglar 100 años de despilfarros de la clase política", anunció el presidente libertario de espaldas al Congreso de la Nación tras asumir su mandato el 10 de diciembre del 2023. Así llegó Milei, sin gobernadores propios y un pronóstico de fracaso ante los poderes provinciales. La dureza del candidato ganador le otorgó poder de negociación a falta de aliados partidarios.
Según el relevamiento que llevó adelante la consultora ACM, el ajuste fiscal de la administración libertaria recae principalmente en los recortes de las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.
El estudio contabilizó primero por un lado los recortes en transferencias de carácter presupuestario "discrecional", que llevó a cabo el gobierno libertario, y por otro lado la drástica caída en las transferencias automáticas del Régimen de Coparticipación Federal, que corren por cuenta en gran medida de la gestión precedente.
En este contexto rugieron los provincialismos y los gobernadores se abroquelaron según sus propios intereses. El peronismo perdió varias gobernaciones del país y por lo tanto disminuyó la fuerza de choque de sus caciques que debieron negociar u oponerse a la avanzada libertaria.
Es así, como de la mano de los gobernadores más "nuevos" en el poder, de los viejos radicales y los peronistas menos kirchneristas nacieron los "dialoguistas".
La primera batalla que disputó Milei en un afán de establecer su plan de gobierno y que culminó en la división de los gobernadores fue la Ley Bases. Fue en mayo cuando el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se le plantó contra el presidente por la Ley Bases y aseguró que los senadores patagónicos rechazarían la restitución del impuesto a las Ganancias. Dicho desafío culminó con el naufragio de la primera versión de la Ley Bases.
Sin embargo, distinta fue la segunda vuelta de la Ley Bases. Con un trabajo fino del ministro del Interior transformado en jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la victoria fue del Ejecutivo. Sólo seis gobernadores no lo acompañaron: Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.
Incluso el resto de los patagónicos mandaron a votar a favor a pesar de haber reclamado sin éxito que se conserve la eximición del pago de Ganancias a los trabajadores residentes en la región. Se desoyó el argumento de sueldos más altos por un costo de vida mayor.
El caso más llamativo fue el de los diputados de Catamarca. El gobernador Raúl Jalil viene intentando convencer a sus pares peronistas de la necesidad de abrir un canal de diálogo con el mileismo.
Aunque los votos catamarqueños no eran necesarios porque La Libertad Avanza superó la mayoría requerida, Jalil jugó a favor en el articulado a favor de los beneficios empresarios, el llamado régimen RIGI al que diputados de Unión por la Patria y otros espacios cuestionaron por dejar fuera a las pequeñas y medianas empresas.
Dicho apoyo de los gobernadores se tradujo en su asistencia al Pacto de Mayo que se firmó el 9 de julio. En Tucumán, tierra de Osvaldo Jaldo, primer mandamás peronista en romper con Unión por la Patria (UP) para acompañar la aventura libertaria. En la foto final, figuraron 18 de los 24 caciques.
La sanción de la Ley Bases marcó un parteaguas en el vínculo entre los gobernadores, que tuvo una incipiente coordinación nacional al comienzo del gobierno de Javier Milei.
Mientras que los gobernadores de la Región Centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) apoyaron con votos y gestos la política de ajuste del Ejecutivo Nacional, los mandatarios peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Sergio Ziliotto (La Pampa) marcaron su oposición desde un primer momento.
Poco queda de ese bloque patagónico, fue dividido por el pago del impuesto a las ganancias, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el anuncio de la planta de GNL que se trasladaría de Bahía Blanca a Río Negro. Esto último jamás ocurrió, pero rompió la unión que quería ostentar Torres y que quedó olvidada frente a los votos divididos en la Cámara de Diputados.
El golpe final a la acción independiente de los gobernadores fue marcada por el apoyo a los dos vetos que tuvieron lugar este año: la Reforma Jubilatoria y la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambos vetos presidenciales eran muy sensibles para los gobernadores en cada una de sus provincias, y sin embargo la Casa Rosada profundizó la sintonía con el catamarqueño Raúl Jalil e hizo lo propio con el salteño Gustavo Sáenz y el misionero Hugo Passalacqua, antiguos aliados del PJ.
Todos ellos prestaron sus votos para sostener las iniciativas antipáticas de Javier Milei.
La falta de Presupuesto para 2024 permitió a Javier Milei manejar con discrecionalidad las transferencias a las provincias y profundizó en ellas un recorte que ya venía de la gestión anterior.
Analizando el acumulado de los once meses del año, a nivel consolidado se observa una pérdida de recursos a precios para las provincias de 2024 por $4.276.240 millones, distribuidos de la siguiente manera.
Tanto gobernadores aliados como dialoguistas continúan solicitando al presidente que sancione un presupuesto 2025 que de certezas sobre los números de las transferencias automáticas para el próximo año.
Sin embargo, desde la Casa Rosada no dan certezas de que esto vaya a estar en el Presupuesto en las sesiones extraordinarias. En las sesiones ordinarias es el Presidente el que elige el temario a tratar por los diputados y senadores y desde el Ejecutivo preferirían no tener un presupuesto el año próximo.
