Con la modificación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, el Gobierno Nacional redujo a 18 años la edad mínima para adquirir, portar y usar armas. La modificación se hizo pública a través del Boletín Oficial este martes. Hasta ahora, la edad mínima requerida era de 21 años.
El Decreto 1081/2024 lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Este establece la adecuación de la normativa al Código Civil y Comercial vigente.
El decreto publicado este martes en el Boletín Oficial sustituye el inciso 1 del artículo 55 del Decreto 395/75. "Ser mayor de 18 años" pasa a ser ahora el único requisito con respecto a la edad para obtener la condición de legítimo usuario de armas. Hasta este cambio, el límite eran los 21 años.
La medida lleva la firma del presidente Milei y de la ministra de Seguridad Bullrich.
Esto es para la "adquisición o transmisión por cualquier título, uso, tenencia y portación de armas de uso civil haber alcanzado la mayoría de edad".
La medida del Ejecutivo busca "armonizar la legislación vigente", según detalla el texto, teniendo en cuenta que la mayoría de edad legal en Argentina se alcanza a los 18 años desde la implementación del Código Civil y Comercial en 2015.
La normativa también aclara que esta modificación no altera los demás requisitos y controles establecidos por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo encargado de regular la tenencia y portación de armas en el país.
La idea de realizar varias modificaciones en la materia comenzó a ponerse en marcha en mayo, cuando el Gobierno anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para simplificar el trámite de portación de armas, con el fin de regularizar la tenencia de armas de fuego.
En ese mismo esquema, señalaban además que simplificarían los trámites correspondientes, para que los usuarios puedan declararlas y/o solicitar la destrucción de las mismas de forma anónima.
En este sentido, destacaron que la idea original del proyecto era introducir nuevas modificaciones que contribuyan a "promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego".
Lo que apuntaba a nuevos procesos administrativo, más ágiles y simples. Desde la cartera de Seguridad argumentaron la necesidad de actualizar el régimen de trámites para poder "tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos", ya que se estipula que hay más de 800.000 armas de fuego bajo tenencia irregular en la actualidad.
