Con nocturnidad y alevosía, en pleno puente de diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ponía su rúbrica al servicio de EH Bildu y ratificaba, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la expulsión de los guardias civiles de Tráfico de Navarra. Cedía así, aunque con cierto retraso, al "chantaje" de los abertzales para apoyar al Gobierno socialista de María Chivite. Hay que recordar que el Ejecutivo navarro tuvo que modificar su texto original después de que este mismo año el Tribunal Supremo anulara parcialmente ese traspaso de competencias.
Pero una vez cumplido ese trámite, ya había vía libre para dar a la formación de Arnaldo Otegi lo que exigía. El texto publicado en el BOE el pasado 6 de diciembre recoge que "corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico". O lo que es lo mismo, la Policía Foral de Navarra tendrá ahora la competencia exclusiva en las carreteras de la región.
Una situación que provoca no solo malestar sino incertidumbre entre los más de 200 agentes de la Guardia Civil de Tráfico que prestan servicio en esta comunidad autónoma. Porque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da como siempre la callada por respuesta y porque desde el Instituto Armado, tampoco llega información alguna. Por este motivo, la asociación JUCIL ha reclamado formalmente a través de un escrito remitido a la Dirección General de la Benemérita que sea el propio Marlaska quien dé explicaciones a los agentes en el próximo Pleno del Consejo de la Guardia Civil.
Y es que son muchas las preguntas sin respuesta. El titular del Interior debe aclarar "cuál será el calendario previsto para la transferencia de competencias, cómo afectará a las plantillas, destinos y posibles supresiones de puestos de trabajo", exige Ernesto Vilariño, secretario general de esta asociación. Además, insiste en que debe ser Grande-Marlaska quien justifique y explique esta decisión: "Pedimos que no delegue su intervención y que asuma directamente la tarea de solventar la complicada situación laboral y familiar de los más de 200 agentes de Tráfico en Navarra".
Porque todas las miradas están puestas en el ministro del Interior. De nada sirve que delegue esta responsabilidad en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. El máximo responsable, a juicio de esta asociación, es Fernando Grande-Marlaska, ya que esta decisión no es nueva, viene de meses atrás. "Lo advertimos entonces y seguimos defendiendo ahora: cualquier modificación que implique el traspaso de competencias debe garantizar transparencia, respeto a los derechos laborales de los agentes y un marco normativo adecuado", subraya el secretario general de JUCIL.
Así, no es de extrañar que la reciente publicación de la Ley Orgánica 6/2024 haya reactivado la preocupación de los guardias civiles destinados en Navarra. Por ello, exigen respuestas claras, un cronograma detallado del proceso y el compromiso explícito del ministro del Interior para salvar los intereses de los agentes afectados. "Estamos aquí para defender los derechos de nuestros compañeros y asegurar que su futuro profesional no quede a merced de decisiones políticas que no contemplen el impacto real en sus vidas", concluye Vilariño.
