El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: pequeños empresarios que montaron un negocio o que realizaron en él inversiones con resultados negativos, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o ajena, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para la compra de una vivienda, etc.