La Comisión de Expertos conformada por el Ministerio de Trabajo para abordar la próxima subida del salario mínimo interprofesional (SMI) se reúne esta tarde con el objetivo de que el alza sea suficiente para que esta renta de referencia equivalga al 60% del salario medio previsto para 2025.
La horquilla que fijen los expertos, que llevan analizando la nueva subida desde el pasado 26 de noviembre, será la base sobre la que negociarán la patronal y los sindicatos, aunque desde 2021 ninguna subida se ha realizado con el respaldo empresarial por no incluirse ninguna de sus demandas para mitigar los efectos de la escalada salarial en las pymes.
En cualquier caso, el nuevo incremento previsto no será inferior al 2,8%, el IPC medio interanual entre diciembre de 2024 y noviembre de 2024.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dejado claro que el SMI para el año 2025 subirá como mínimo ese rango desde el próximo 1 de enero.
Porque aunque se dilaten las negociaciones más allá de 2024, el nuevo SMI entrará en vigor con carácter retroactivo desde principios de año, como ya ha adelantado Díaz.
Las diferencias estriban en este caso sobre si el SMI ya ha alcanzado el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea y basta con revalorizarlo para que no pierda capacidad adquisitiva de acuerdo a la inflación o se debe seguir avanzando.
Trabajo considera que ya se ha alcanzado el 60% mientras que los sindicatos opinan lo contrario. De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, considera que el SMI debería subir en 2025 en torno a un 5% ó un 6%, lo que situaría esta renta mínima en 1.191 ó 1.202 euros mensuales por catorce pagas, respectivamente.
El secretario general de CC OO, Unai Sordo, defiende también un incremento superior al IPC.
En su momento, la patronal CEOE defendió una subida hasta los 1.145,77 euros en 2025, un alza en línea con los pactos alcanzados con los sindicatos en el V acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).
Los empresarios seguirán demandando la indexación del SMI a los contratos públicos así como bonificaciones para el sector del campo. CEOE y Cepyme sostienen que la Administración ha incrementado el coste derivado del SMI para las empresas contratistas con el sector público más de un 50% desde 2018 sin revisar el precio de dichos contratos.
"Muchas de ellas se han visto atrapadas en contratos plurianuales de prestación de servicios, de los que no pueden salir hasta que se cumpla su vigencia, con escasos márgenes de beneficio o trabajando a pérdidas", denuncian los empresarios.
