Los jueces rechazan imputar a la actual presidenta del Congreso y expresidenta del Govern por haber afirmado en la comisión de investigación del Congreso que los contratos a empresas de la trama eran para mascarillas de "uso civil" cuando eran para uso hospitalario
Armengol resta importancia a la querella anunciada por Vox por sus mensajes con Koldo García: “No es la primera vez”
El Tribunal Supremo ha rechazado una querella con la que el grupo ultracatólico HazteOir acusaba a Francina Armengol de mentir en una de las múltiples comisiones de investigación del caso Koldo. Una acción penal en la que la asociación denunciaba que la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern había dicho en el Congreso que las mascarillas que Balears compró a la trama durante la pandemia eran para uso “civil” cuando, afirma, eran un equipamiento médico para los profesionales sanitarios. Los jueces rechazan la querella y explican que hay una “patente falta de relevancia penal” en las palabras de Armengol.
La presidenta del Congreso compareció el pasado 13 de mayo ante la comisión de investigación de la cámara baja sobre la operación Delorme, hoy bautizada como caso Koldo. Una parte de la investigación que llevaba entonces de forma íntegra la Audiencia Nacional giraba en torno a las compras de mascarillas y material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama, durante los primeros meses de la pandemia. Cuando Armengol estaba al frente del ejecutivo de las islas.
Armengol negó “de forma rotunda” haber hablado con Koldo García sobre esta contratación, acusando al PP de extraer datos del caso para “de forma aislada y sin contexto hacer creer que fue una decisión política” a favor de la empresa vinculada a Víctor de Aldama. Fue la primera ocasión en que una presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado, compareció en una investigación parlamentaria. Posteriormente, también lo hizo en la del Senado y en la del Parlament balear.
Fue en su cruce de preguntas y respuestas con Elías Bendodo cuando Armengol explicó que en ese momento se compraron las mascarillas “para tener un stock civil”. “Necesitábamos desescalar, nosotros somos una comunidad turística. Para nosotros era vital tener mucho stock de emergencia, stock de seguridad para poder tener una desescalada tranquila”, comentó. Repitió la misma idea cuando, posteriormente, el diputado de Vox Jorge Campos repitió la pregunta.
HazteOir, asociación ultracatólica que ejerce la acusación popular tanto en el caso Koldo como en la causa contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, presentó sus acciones penales contra Armengol apenas tres días después. Armengol, según la querella ahora rechazada, había incurrido en un delito al afirmar que las mascarillas eran de uso civil cuando, en realidad, eran para personales del sector sanitario.
El Supremo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha rechazado la querella de HazteOir por una “patente falta de relevancia penal” de los hechos que denuncian. Para los jueces basta con echar un vistazo al diario de sesiones del Congreso para ver la información de los expedientes de compra del IB-Salut: “Se alude tanto a documentos donde se indica el destino para uso intrahospitalario, como con frecuencia, igualmente otros, como la orden de pedido, facturas o albaranes, con la codificación SAP para uso extrahospitalario y la especificación de uso civil o extrahospitalaria”, explica el Supremo.
Esta no es la única iniciativa penal que distintos grupos y colectivos de extrema derecha han puesto en marcha, sin éxito por el momento, contra Francina Armengol. Ya el año pasado el mismo Supremo rechazó una querella de Vox en la que acusaba a Armengol de prevaricar por permitir las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Hace dos meses el partido de Santiago Abascal anunció una nueva querella contra la expresidenta balear por unos mensajes que, supuestamente, cruzó con Koldo García durante la pandemia.
El conocido como caso Koldo se ha ramificado en las últimas semanas después de que el Tribunal Supremo asumiera la parte de la causa que afecta al exministro José Luis Ábalos, acusado por la Guardia Civil de cobrar comisiones y aceptar dádivas a cambio de favorecer a Víctor Aldama y sus empresas. Una parte de las diligencias llevadas en la Audiencia Nacional indagan en si esas empresas obtuvieron contratos millonarios del IB-Salut para suministrar mascarillas. También si una posible reclamación de la administración a esa empresa se gestionó de forma irregular durante el actual Govern balear del PP.
La parte del caso que afecta a las mascarillas de Balears dio vueltas entre la Audiencia y la Fiscalía Europea hasta que el Tribunal Supremo estableció que el grueso del caso debía seguir investigándose en Madrid. Recientemente la Fiscalía Europea ha dejado la totalidad del caso en manos de la Audiencia Nacional al entender que la decisión del Supremo no dejaba margen para una segunda investigación paralela.
