La elección de personas juzgadoras del Poder Judicial Federal enfrenta diversas complicaciones y carece de credibilidad por los sucesivos errores cometidos por la misma 4T, que decidió reconfigurar una parte del sistema de justicia en México con reformas apresuradas y, de paso, controlar los aparatos que la administran, defendiendo la idea de que el voto ciudadano garantizará la imparcialidad, honestidad y eficacia que ahora no tiene y dejará a salvo su independencia frente al gobierno.
En los hechos, la organización de esas elecciones está muy cerca del abismo por las múltiples complicaciones que implica un marco regulatorio inconcluso y hecho al vapor, que fue definido con la instrucción al INE de iniciar de inmediato la organización del proceso electoral, sin experiencias previas, ni nacionales ni extranjeras, sin pilotajes ni diagnósticos precisos, sin planeación anticipada ni recursos.
Para el INE, la elección judicial es un salto al vacío sin paracaídas. En secuencia, tuvo que enfrentar la indefinición jurídica de una reforma constitucional que se concretó hasta el 15 de septiembre y de leyes secundarias que se publicaron hasta el 14 de octubre; luego la impresionante litigiosidad materializada en acciones de inconstitucionalidad, juicios electorales y más de 700 juicios de amparo con suspensiones provisionales y definitivas, que incluyen multas pecuniarias a las consejerías y denuncias ante la Fiscalía por presuntos desacatos; y, por si fuera poco, la intransigencia de la presión política del gobierno y de los legisladores morenistas erigidos en los nuevos y verdaderos jueces que niegan ampliación de plazos y disminuirán recursos.
La pretendida legitimidad de la elección judicial recibió nuevos golpes ante la integración de los comités de evaluación de los poderes Ejecutivo y Legislativo con personas claramente vinculadas al oficialismo, en evidente contraste con el comité integrado por la Corte, que no ha presentado listados ciertos de aspirantes inscritos. Más aún, al intentar hacerlo, cometieron errores inaceptables con duplicidades de nombres, expresiones y símbolos inintelegibles que nada tienen que ver con la identificación de personas.
Nadie debería sorprenderse de las explicaciones dadas por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo que atribuyó los errores a supuestas pruebas del sistema; es algo que empieza a normalizarse, como el voto de aquel diputado que estaba en Nueva York en el último juego de la serie mundial y su voto se registró en el sistema de la Cámara de las Diputaciones, por inconsistencias de la señal de Internet. Estos hechos no permiten que haya confianza en un proceso que impide saber con certidumbre quiénes son los aspirantes a los diversos cargos judiciales y si cumplen, o no, con los requisitos. ¿Cómo confiar en que la insaculación que sigue será cierta y legal?
Es el propio gobierno y los legisladores de la mayoría parlamentaria quienes dinamitan el proceso electoral judicial, quienes socavan la legitimidad que ellos le asignaron en su narrativa pública. La disminución de recursos presupuestales será otro golpe que obligará al INE a replantear el número de casillas a instalar y, seguramente, a disminuir múltiples candados que en las elecciones presidenciales y de legisladores garantizan autenticidad e integridad de los comicios. La integración del nuevo Poder Judicial carece de legitimidad porque sus creadores se la quitan día a día, pero claro, si las cosas no salen bien, responsabilizarán al INE, al que no quieren oír y que tampoco respetan.
