Imagina que, después de años de incertidumbre, hoy cientos de familias en la Ciudad de México tienen la posibilidad de abrir la puerta de un hogar propio, seguro y digno. Esto no es un sueño lejano, es un futuro cercano gracias a una inversión histórica en vivienda social que busca transformar no solo edificios, sino vidas.
En la capital del país, donde los costos de vivienda, cuyo promedio oscila en torno a los 40 mil pesos por metro cuadrado, suelen ser inalcanzables para las familias trabajadoras, la desigualdad se refleja en cada esquina: desde personas que enfrentan desalojos hasta quienes dedican la mayor parte de su ingreso a un alquiler. Sin embargo, este anuncio marca un antes y un después.
Cuando hablamos de vivienda social, no estamos hablando solo de paredes y techos; estamos hablando de construir comunidades, de garantizar que niñas y niños puedan crecer en un entorno seguro, de vivir cerca del transporte masivo, parques y escuelas, de darles a las personas mayores un espacio para vivir con dignidad; estamos hablando del futuro. Una inversión histórica como esta no solo tiene el potencial de atender la falta de vivienda asequible, sino también de combatir la desigualdad urbana y devolver el papel del Estado al garantizar la vivienda.
El proyecto anunciado incluye una inversión sin precedentes para la construcción y rehabilitación de miles de viviendas en zonas estratégicas de la Ciudad de México; para 2025 contará con casi 10 mil millones de pesos, el doble que este año. Más que solo cifras; se trata de poner el bienestar de las personas en el centro. La meta es que ninguna familia tenga que elegir entre pagar la renta o poner comida en la mesa.
Esto significa la posibilidad de construir un futuro. Significa no preocuparse por los desalojos, por el aumento constante de los alquileres o por vivir hacinados en espacios insalubres. Significa que miles de personas tendrán un lugar al que llamarán hogar. Significa dejar atrás los días en que se le entendía como mercancía para especular y no como derecho a la vivienda.
Este tipo de políticas públicas son el resultado de escuchar las voces de las comunidades, activismos e incluso a generaciones enteras que han hecho propio el reclamo, de priorizar a quienes más lo necesitan y de actuar con responsabilidad y empatía. Invertir en vivienda social no es un gasto, es una inversión en el bienestar colectivo que va a influir en nuestra prosperidad, seguridad y en lo más importante: en el tipo de vida que tendrán cientos de miles de personas.
La vivienda social es una excelente herramienta que contribuye a la estabilidad familiar, la salud, la educación y el desarrollo económico; es un componente vital de las políticas de bienestar, que enfrenta múltiples desafíos, pero que sigue siendo un objetivo prioritario para el desarrollo del país.
Es momento de hacer de este el principio de algo aún más grande, de pensar en cómo replicar esta iniciativa en otros estados, de exigir políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda para todas las personas y de reconocer que este tipo de decisiones son el camino hacia un México más justo.
