Este lunes 9 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Defensores de Derechos Humanos, una ocupación ampliamente perseguida en los últimos años por el gobierno de Nicolás Maduro, debido principalmente a su trabajo para asistir a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.
Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Nélida Sánchez son algunos de los activistas presos en el país. Sus casos demuestran que el Estado venezolano usa las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas para silenciar a los defensores de derechos humanos en el país.
Organizaciones internacionales han pedido al régimen de Maduro la liberación inmediata de todos los defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente, pero la impunidad prevalece en sus casos
Solo en el primer trimestre de 2024, en Venezuela se registraron 418 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos, informó este lunes la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
Del total de casos, 301 fueron de estigmatización, 62 de intimidación y hostigamiento, 45 de amenazas, 3 ataques digitales, 2 allanamientos, 2 casos de judicialización y 1 detención arbitraria.
En agosto, en medio del contexto poselectoral, la misma ONG contabilizó 134 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos, 78 casos más que en julio, cuando se documentaron 56.
«En el contexto poselectoral se profundizó la política de criminalización, represión y control social que afecta las acciones de promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, aumentando las agresiones y el amedrentamiento en contra de quienes las realizan», indicó la ONG.
El CDJ indicó que estos hechos van acompañados de campañas sistemáticas de estigmatización, en las que personas y organizaciones son descalificadas y señaladas de enemigas, terroristas y desestabilizadoras, entre otros.
«Asimismo, preocupa la descalificación, amenazas e intimidación generalizada en contra del trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el país, enmarcadas en la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines», añadió.
El trabajo de las defensoras de derechos humanos en Venezuela se desarrolla en un contexto de constante riesgo y represión, según una reciente publicación del Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
“Ser mujer y defensora de derechos humanos en Venezuela es una expresión de resiliencia”, señala la ONG.
El informe indica que las activistas enfrentan una doble carga: por un lado, soportan la violencia generalizada contra los defensores de derechos humanos, y por el otro, sufren discriminación y violencia de género de manera desproporcionada.
“Las defensoras no solo cargan con el peso de su activismo, sino también con las responsabilidades de cuidado familiar y las exigencias de tener múltiples empleos”, agrega el documento. Esta situación se agrava en un contexto poselectoral marcado por la polarización, las restricciones legales y la inseguridad.
A pesar de los riesgos, las defensoras desempeñan un papel crucial en la documentación y denuncia de las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida en febrero de 2024 tras haber sido acusada de terrorismo y conspiración. Su acceso limitado a abogados y familiares constituye una violación al debido proceso reconocido internacionalmente.
Además, San Miguel, beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2012, sufrió desaparición forzada durante días antes de ser trasladada al centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.
Organismos de seguridad del Estado detuvieron al director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, en julio de 2021. Desde entonces sus abogados y familiares han denunciado que el defensor de los derechos humanos ha sido víctima de tortura, incomunicación prolongada e imposición de defensores públicos.
Sus familiares también han señalado que Tarazona sufre patologías que requieren atención médica, tales como hiperinsulinismo, problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada, hemorroides internas e insuficiencia venosa grado dos, entre otras.
Nélida del Rosario Sánchez Oropeza es defensora de derechos humanos y coordinadora nacional de formación de la ONG Súmate. Fue detenida el 26 de agosto de 2024 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes la trasladaron a un lugar desconocido dos días después. Su paradero sigue siendo incierto, lo que ha generado preocupación por su integridad física y derechos humanos.
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