Con el apoyo de organizaciones de derechos humanos de todo el país, esta mañana la senadora independiente, Fabiola Campillai, llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar al Gobierno un proyecto de Ley de Reparación Integral para víctimas del estallido social.
En la previa del Día Internacional de los Derechos Humanos, la senadora informó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre los alcances de la iniciativa. El proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, quienes sufrieron afectaciones en su integridad física por procedimientos policiales o militares.
En concreto, la iniciativa abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022 y considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal.
Asimismo, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas manifestaciones.
Luego de más de dos meses de trabajo en conjunto con las principales agrupaciones de derechos humanos del país, hemos entregado al gobierno el proyecto de Ley de Reparación Integral.
Esto es hecho por y para las víctimas de violaciones a los DDHH durante la Revuelta Popular ❤️ pic.twitter.com/S4FALMNkMN
— Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) December 9, 2024
Al respecto, la senadora Campillai afirmó que el proyecto “busca entregar una respuesta que el Estado no dio en su momento, haciendo que las víctimas tuvieran que dar el primer paso para su propia reparación”.
La propuesta fue desarrollada durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora en el marco del quinto aniversario del estallido social. En su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones de derechos humanos.
El proyecto contempla la formación de una Comisión de Verdad y Reparación, integrada por siete miembros con reconocida trayectoria en derechos humanos. Tres serán designados por el Presidente de la República en ejercicio y cuatro por las organizaciones de víctimas de derechos humanos surgidas del estallido social.
La comisión tendrá la tarea de definir un procedimiento de calificación de las víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Luego, las víctimas reconocidas por la comisión tendrán derecho a una pensión económica, cuyo monto y forma de pago serán determinados por esta instancia. Además, la instancia podrá establecer otros beneficios económicos para las personas calificadas como víctimas.
