Cataluña impulsará de manera oficial «actos de conmemoración de la memoria democrática cada 14 d'abril, fecha de proclamación, el 1931, de la República Catalana». Así se recoge en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que el Ejecutivo de Salvador Illa aprobará en su reunión de mañana, un texto que asume la literalidad al completo del anteproyecto que aprobó el anterior Govern de Esquerra Republicana , pero que no llegó a tramitarse en el Parlament por la convocatoria de elecciones. Según ha detallado esta mañana Ramon Espadaler, consejero de Justicia y Calidad Democrática, el Govern llevará al Parlament el mismo texto que impulsaron los republicanos con objeto de no demorar más su tramitación, dado que «cualquier retoque o modificación nos habría obligado a dilatar todavía más el trámite». «Será el Parlamento, soberano, quien hará las modificaciones fruto de los acuerdos y la iniciativa parlamentaria de los diferentes grupos», ha añadido Espadaler. Desde el grupo del PSC en el Parlament se precisa a ABC que con una alta probabilidad las enmiendas que presenten serán las mismas que ya se presentaron en la anterior legislatura, y que confían en que sea posible « consensuar los cambios «. »La intención era y seguirá siendo constructiva«, añaden. Además de actos de conmemoración del 14 de abril, fecha que se vincula en este caso a la «república catalana», sin alusión a la instauración de la II República, el anteproyecto de ley declara el 5 de febrero de cada año como Día Nacional del Exilio y la Deportación, «en conmemoración del día de 1939 en que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys; el presidente del Gobierno Vasco, José Antonio de Aguirre; el presidente de la República, Manuel Azaña; el presidente de las Cortes españolas, Diego Martínez Barrio, y centenares de civiles y militares atravesaron la frontera para exiliarse en Francia». Así mismo, se declara el 15 de octubre de cada año como Día Nacional en Memoria de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista , en conmemoración de la fecha de 1940 en que el presidente Companys fue fusilado en el Castillo de Montjuïc de Barcelona. Entre otras medidas, el anteproyecto, con objeto de «fortalecer los valores democráticos a la sociedad», prevé que se incluya en el « currículum de la educación primaria , la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y la educación permanente de las personas adultas el conocimiento de la historia y de la memoria democrática, especialmente de la represión ejercida durante la dictadura franquista y de las luchas por la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas». Para ello, se ofrecerá a los «centros educativos herramientas didácticas para facilitar la inserción de los contenidos» referidos. La ley también contempla la retirada de cualquier tipo de simbología franquista, obligando tanto a las administraciones públicas como a los privados cuando esta simbología esté colocada en inmuebles de titularidad «con proyección a un espacio público ». Para ello, y en caso de que un privado se niegue a proceder a la retirada, se contemplan multas, hasta un total de doce, por un importe de 600 a 6.000 euros, y la administración efectuará la ejecución subsidiaria a cargo de la persona obligada. Se fija un plazo máximo de dos años para su retirada. De igual modo, se establece la «obligación de retirar las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales concedidos a personas que dirigieron, participaron o apoyaron al golpe de estado de 1936 o al bando rebelde durante la Guerra Civil ; a dirigentes de la dictadura franquista; a personas que colaboraron con la dictadura franquista o que participaron de manera activa en el sistema represivo; o a personas que formaron parte del apoyo de la dictadura franquista a las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial». Según se destaca desde la consejería de Justicia, una de las novedades del proyecto es «la integración de la perspectiva de género, con un enfoque feminista transversal», así como la actuación de oficio sobre «todo tipo de investigaciones sobre la Guerra Civil y la dictadura, un aspecto que hasta ahora no tenía cobertura legal ». Se crea también, destaca el Govern. un régimen sancionador contra «la exaltación del franquismo, la humillación de las víctimas, el expolio de fosas y el patrimonio memorial«, así como »introducción de compensaciones económicas como instrumento de reparación hacia los represaliados».
