La legislatura termina el domingo 15 de diciembre. Fuentes de La República aseguraron que no será ampliada y que los días miércoles, jueves y viernes habrá sesión del Pleno. El Congreso tiene hasta esta semana para dar luz verde a sus iniciativas de ley sobre las instituciones del sistema judicial, electoral y organizaciones de la sociedad civil. Luego se van de receso y quedará en funciones la Comisión Permanente hasta marzo del 2025.
La agenda del Pleno de la semana pasada contempló votar el dictamen del proyecto de ley que fortalece a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) con el fin de someter a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Sin embargo, el jueves 5 la sesión se levantó sin discutirse este tema.
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Fuentes de este diario explicaron que la razón se debió a la falta de quórum y a la presencialidad era obligatoria. Este tipo de normas - agregaron - solo son debatidas y votadas cuando la sesión es semipresencial. Por eso, añadieron, es probable que el dictamen sea visto el miércoles 11 de diciembre, debido a que al día siguiente el debate sí será con presencialidad obligatoria.
"El jueves normalmente no tocan esos temas", respondieron.
El dictamen plantea realizar un registro de las ONG que, a criterio de la APCI, realicen activismo político con los fondos que recibe. Además, considera como una infracción grave que estas organizaciones destinen sus recursos para actividades que "afectan al orden público, la propiedad pública o privada, la defensa nacional y el orden interno".
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Las sanciones que propone este proyecto son multas, suspensión, cancelación y facultar a la APCI para que pueda denunciar a las ONG ante el Ministerio Público.
El dictamen fue impulsado por la Comisión de Relaciones Exteriores cuando era presidida por el fujimorista Alejandro Aguinaga.
La propuesta ha generado preocupación en la comunidad internacional. El viernes 6 los senadores de Estados Unidos, Ben Cardin, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Tim Kaine, presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental, publicaron un comunicado alertando que esta iniciativa "corre el riesgo de enfrar la libertad de expresión y socavar la democracia".
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Ha trascendido que este martes la Comisión de Relaciones Exteriores, que ahora preside la fujimorista Auristela Obando, evaluará responder a las declaraciones de los senadores norteamericanos. Este diario llamó por teléfono a la congresista, pero al cierre de esta nota no respondió.
En la agenda del Pleno de la semana pasada también figuró el proyecto de reforma constitucional que elimina la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para crear la Escuela Nacional de la Magistratura. La propuesta ha vuelto a estar sobre la mesa luego que acabó el concurso público de la elección de los magistrados de la nueva junta que debe asumir funciones en enero.
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La actual composición de la JNJ ha sido blanco de ataques del Congreso. La creación de la Escuela Nacional de la Magistratura es un proyecto de ley de la congresista de Honor y Democracia, Gladys Echaiz. Esa nueva institución tendrá un Consejo Directivo con tres integrantes y estará a cargo de nombrar y ratificar jueces y fiscales.
Además, dicha propuesta de ley empodera al Congreso sobre el sistema electoral.
La JNJ está a cargo también de elegir y ratificar a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Sin embargo, el proyecto delega esa función al Congreso. Así, los titulares de estos organismos electorales estarán sujetos al poder político.
Los partidos políticos que dominan el Parlamento no desean que los jefes de la ONPE, Piero Corvetto, y del Reniec, Carmen Velarde, quienes fueron ratificados por la JNJ, no continúen en ese cargo en las elecciones generales del 2026.
Sin embargo, para aprobar la ley que elimina la JNJ necesitan 87 votos debido a que es una reforma constitucional.
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También el Congreso busca aprobar un proyecto de reforma constitucional que cambia la modalidad de elección del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En la actualidad, el presidente del JNE es un magistrado elegido por los miembros de la Corte Suprema.
La propuesta fujimorista de la Comisión de Constitución es que sea elegido por los miembros del pleno del JNE.
El mes pasado asumió funciones el presidente del JNE, Roberto Burneo, en reemplazo del magistrado Jorge Salas Arenas. El mandato de Burneo es de cuatro años. La reforma del Congreso plantea recortarlo a dos años y que cuando se apruebe, se realice una nueva elección.
De concretarse las aspiraciones parlamentarias, los comicios generales serían con nuevas autoridades electorales.
El Congreso está contra el tiempo con este proyecto. Al igual que en el caso de la JNJ, como se trata de una reforma constitucional, necesita aprobarla en dos legislaturas con 87 votos en cada una.
Esta semana vence la legislatura y, por ende, el plazo para darle luz verde en primera votación.
La siguiente legislatura comienza en marzo del próximo año. Ese mes será la última oportunidad para que la sometan a segunda votación, pues en abril la presidenta Dina Boluarte deberá convocar, a más tardar, al proceso de elecciones generales del 2026.
La iniciativa del fujimorismo señala que cuando es aprobada esta reforma, su aplicación es inmediata. Eso provocará que el pleno del JNE deba elegir a su nuevo presidente, en reemplazo de Burneo.
En la agenda del Parlamento aparece también está pendiente la segunda votación de la reforma constitucional para la reelección de alcaldes y gobernadores, y la eliminación de los movimientos regionales.
Durante la CADE 2024, la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, se refirió a esta ley como necesaria para fortalecer los partidos políticos. Dicha norma, en la práctica, reduce la competencia que tendrá estas agrupaciones en las elecciones regionales y municipales del 2026.
El 20 de noviembre fue la segunda votación de esta ley, pero el fujimorismo y sus aliados no alcanzaron los 87 votos. El dictamen casi se va al archivo. Sin embargo, el Pleno aprobó una reconsideración para volver a votar esta norma.
La votación está en suspenso porque la coalición legislativa que está a favor aún no consigue los dos tercios. Así es el panorama de esta semana. La reforma constitucional que elimina a la JNJ, cambia la modalidad de elección del presidente del JNE y elimina los movimientos regionales necesitan de esa cantidad de votos.
Caso contrario con la ley contra las ONG que necesita de la mayoría simple a favor. El Congreso está contra el reloj.
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Por último, aunque esta norma ya fue aprobada en sus dos votaciones, está pendiente de ser promulgada por insistencia. El Congreso le dio luz verde en enero a una ley que crea una comisión de alto nivel que plantee reformas al sistema interamericano de derechos humanos.
Esta comisión, encabezada por el canciller, enviará sus reformas a la secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA). De no ser aplicadas, el Estado peruano deberá evaluar denunciar a la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
El Ejecutivo observó esta ley, pero la Comisión de Constitución, cuando era presidida por la fujimorista Martha Moyano, respondió con un informe que propone promulgarla por insistencia. Moyano ha pedido que esta el texto reciba luz verde del Pleno.
