La reestructuración realizada en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se ha llevado por delante el departamento que velaba por la protección de personas LGTBIQ+, sus competencias pasan a la Subdirección General de Integración Social
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La reestructuración que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha realizado de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se ha llevado por delante la Subdirección General de Igualdad LGTBI, que ha desaparecido del organigrama. La maniobra normativa del Ejecutivo autonómico Ayuso pasa por sustituir la Dirección General de Igualdad por la nueva Dirección General de la Mujer. Las competencias de la ahora extinta Subdirección General de Igualdad LGTBI pasan a la Subdirección General de Integración Social, tal y como figura en la memoria del análisis de impacto normativo del decreto que ha implementado este cambio de competencias.
Además, en sendos y escuetos informes, la directora general de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad descarta que el cambio tenga impacto en materia de familia, infancia y adolescencia, mientras que la directora general de Igualdad asegura, sin entrar en detalles, que será positivo en cuanto a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Las competencias específicas sobre cuestiones LGTBI que asume la Subdirección General de Integración Social son, según el propio decreto, “el diseño, desarrollo y realización de actividades y campañas en materia de información y promoción de la integración y de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI”, así como “el control y seguimiento del Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid”.
A partir de ahora, tal y como explican desde el gabinete de prensa de la Consejería de Familia, la Subdirección de Integración Social también gestionará recursos para proteger y asistir a víctimas de discriminación. Desde el Gobierno de Ayuso no explican por qué han tomado la decisión de eliminar la Subdirección General de Igualdad LGTBI.
La asociación Arcópoli considera que esta decisión “supone un retroceso alarmante en la protección de los derechos de la comunidad LGTBI en nuestra región”, tal y como han expresado en su cuenta de Twitter. Desde esta colectivo consideran que “la existencia de instituciones que aborden las desigualdades y garanticen el respeto a los derechos humanos es fundamental”. Por ese motivo instan al gobierno regional a que reconsidere “esta medida, reafirmando su compromiso con la igualdad y la diversidad”.
A pesar del cambio de nombre, al frente de la Dirección General de la Mujer continúa la exdiputada de Ciudadanos Patricia Reyes. Tras la aprobación del decreto que establece el nuevo organigrama, su departamento pasa a tener únicamente dos subdirecciones: Mujer e Igualdad de Oportunidades, así como Prevención de la Violencia contra la Mujer y Atención Integral a Víctimas. La ya extinta dirección de Igualdad, conservaba esas carteras y también incluía la de Igualdad LGTBI.
El pasado miércoles el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García, anunció el cambio de nombre de la dirección general, pero no explicó que desaparecería la cartera específica de asuntos LGTBIQ+. Preguntado en la rueda de prensa por estas competencias, se limitó a asegurar que se iban a repartir “entre la Dirección General de la Mujer y la Dirección General de Servicios Sociales”.