La defensa de Alberto González Amador impugna uno de los recursos del fiscal general y aprovecha para acusar a varios altos cargos de la Fiscalía General de elaborar una estrategia para frustrar su intento de zanjar su caso de fraude fiscal de forma "discreta y rápida"
La Fiscalía de Madrid explica que 500 personas tenían acceso a la causa contra la pareja de Ayuso
El abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un escrito al Tribunal Supremo en el que amplía sus acusaciones contra la Fiscalía en el caso que investiga la supuesta filtración de su confesión. En un escrito en el que impugna un recurso de la Abogacía del Estado, el empresario apunta a lo que denomina “equipo Fortuny” para, omitiendo algunos detalles clave del caso y apoyándose en el último informe de la Guardia Civil, denunciar una estrategia de la Fiscalía para dar al traste con su intención de solucionar de manera “discreta y rápida” su investigación por fraude fiscal.
La causa del Tribunal Supremo que dirige el juez Ángel Hurtado indaga en si Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez, fiscal general y fiscal provincial de Madrid respectivamente, maniobraron en la noche del pasado 13 de marzo para que la confesión del empresario acabara publicara en los medios de comunicación. Una noche en la que la Fiscalía se movilizó para recabar toda la información del caso y desmentir informaciones falsas difundidades esa noche sobre el pacto que Alberto González había propuesto un mes antes al Ministerio Público.
En este escrito nuevo, originalmente presentado para combatir un recurso de la Abogacía del Estado contra los registros del último 30 de octubre, Alberto González Amador supera los contornos de la investigación y apunta no solo a la filtración de esos correos sino a la primera información sobre su caso: la exclusiva de elDiario.es que reveló que la Fiscalía le había denunciado por un doble fraude fiscal de 350.000 euros a través de un sistema de facturas falsas.
González Amador se apoya en el último informe de la Unidad Central Operativa, que fue más allá de lo que pidió el juez y no solo informó sobre la posible filtración de los correos ese 13 de marzo sino sobre el origen de la información de este periódico casi dos días antes. Esto sirve al empresario para retomar el relato que ha mantenido desde el principio, que omite que la primera información sobre su pacto fue publicada por El Mundo y que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja Isabel Díaz Ayuso, difundió extractos literales de los correos de su abogado entre los periodistas.
González Amador hace acopio de los mensajes intervenidos a la fiscal provincial de Madrid y concluye que todo formó parte de una estrategia de la Fiscalía para impedir que su abogado zanjara el procedimiento de forma “discreta y rápida”, acusando al Ministerio Público de filtrar el material a los medios “para que trocearan y revelaran a su antojo”.
En su nueva batería de acusaciones, González Amador bautiza como “equipo Fortuny”, en alusión a la calle de Madrid en la que está la sede central de la Fiscalía, a personas que según él estuvieron involucradas en algunas de las filtraciones, basándose en lo expuesto por la UCO en su informe. Apunta a dos cargos de la secretaría ténica e incluso a la responsable de comunicación de la Fiscalía, que nunca han sido investigados ni cuando la causa se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Su relato de esa noche del 13 de marzo omite que la primera información que reflejaba extractos textuales de sus correos fue publicada por el diario El Mundo, lo que originó precisamente que el fiscal general ordenara recopilar los correos en cuestión que el fiscal Julián Salto había cruzado con su abogado un mes antes. El relato de González Amador salta directamente a cuando, al filo de las diez de la noche, el fiscal general recibe los emails y dos horas más tarde su contenido es referido por una noticia de la Cadena SER.
También hace referencia a la ramificación del caso que gira en torno a Juan Lobato, exsecretario general del PSOE en Madrid, y Pilar Sánchez Acera, entonces asesora en Moncloa. La testifical de Lobato, explica, apunta directamente a que el material fue filtrado “a la Presidencia del Gobierno del Reino de España”, además de a El Plural, primer medio en publicar el correo de forma íntegra.
Lamenta González Amador que ese 14 de marzo pasó a ser llamado “delincuente confeso” por “todos los políticos de grupos rivales al de su pareja sentimental”, algo que sucedió después de que trascendiera que efectivamente su abogado había reconocido que “efectivamente” había cometido dos delitos fiscales. Lo hizo con el objetivo de conseguir una condena testimonial de cárcel y evitar la prisión a cambio de pagar más de 500.000 euros entre deudas, multas e intereses.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, difundió esa noche desde su teléfono el contenido de un correo del fiscal Julián Salto remitido semanas antes al abogado de Alberto González Amador. Es uno de los testigos llamados a declarar, junto con ocho periodistas que informaron sobre el caso, el próximo mes de enero ante el juez Hurtado.
