A la reciente aprobación normativa para construir hoteles a 200 metros de la costa tras un pacto entre el PP y Vox, se ha unido una cruzada contra le Ley de l'Horta con el falso argumento de que impide ejecutar las obras de encauzamiento de los barrancos de Poyo y la Saleta
La Confederación lanzó un ultimátum al Gobierno de Mazón en junio para aprobar parte del proyecto del barranco del Poyo
El Gobierno valenciano que preside Carlos Mazón anunció el pasado 2 de diciembre que trabaja en la revisión del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) y en la modificación de la Ley de la Huerta, y por extensión del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Huerta y del Consell de l'Horta, con el supuesto objetivo de facilitar aquellas obras necesarias para desbloquear los proyectos de actuación sobre el encauzamiento de ríos y barrancos tras la catástrofe de la DANA que ha dejado 222 fallecidos.
La realidad, sin embargo, es que se trata de una nueva vuelta de tuerca que consuma la cruzada de Mazón contra toda la legislación aprobada o modificada por el Gobierno del Botánico para proteger el territorio y limitar los desarrollos urbanos, sobre todo en parajes naturales o en zonas inundables. El objetivo es dar más facilidades a las constructoras y promotoras a la hora de ejecutar sus proyectos.
Como informó este diario, es falso que la Ley y el PAT de la Huerta impidan la ejecución de las obras de encauzamiento de los barrancos del Poyo o de la Saleta, como reconoció el pasado mes de julio la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio por escrito en respuesta a un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la que se daba el visto bueno al proyecto, eso sí, condicionado a la presentación de un estudio de integración paisajístico.
Además, tal y como recoge el artículo 67-B del PAT de l'Horta, los cauces de nueva planta deberán: “minimizar la superficie de Huerta ocupada, adaptando su sección hidráulica; realizar un tratamiento paisajístico de la infraestructura; incorporar vías peatonales o ciclistas que discurran junto al mismo”. Además, establece que las actuaciones en cauces naturales deberán: “Preservar el carácter natural como corredor ecológico; conservar y poner en valor el patrimonio cultural asociado; potenciar su función de itinerario para el tránsito peatonal y ciclista”.
Es decir, en ningún caso establece una prohibición de realizar obras por afectar a suelo agrícola, sino que habla de que las obras que se ejecuten se deben integrar en el paisaje.
De hecho, el propio conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, confirmó que no hay ningún informe contrario a las obras de drenaje. Únicamente se emitieron informes favorables con “condicionantes” para integrarse en el paisaje, como admitió en la rueda de prensa que ofreció el viernes 29 de noviembre, tal y como informó Levante-EMV.
Sin embargo, unos días más tarde, el pasado 2 de diciembre, el propio Mus junto al conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, justificó los cambios en la Ley de la Huerta y en el Consell de l'Horta en que ha sido una norma que ha supuesto “un freno a la puesta en marcha de estas actuaciones por su afección a zonas de huerta”, en referencia a las obras en los barrancos del Poyo y la Saleta y hablaron de “informes desfavorables” del Consell de l'Horta, contradiciéndose con lo afirmado solo unos días antes.
Con las modificaciones propuestas por la Generalitat, el Consell de l'Horta (integrado por diversas consellerias, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de València, organizaciones agrarias y entidades de defensa de la huerta) asumirá únicamente responsabilidades en materia agrícola. Hasta la fecha, sus informes eran preceptivos y vinculantes. Con el cambio normativo se va a eliminar cualquier traba para estas obras, es decir, no tendrá competencias para detener situaciones que impliquen la desprotección de suelo agrícola o para informar desfavorablemente contra desarrollos urbanísticos en suelo agrícola protegido.
En cuanto al Patricova, tan solo se ha informado de su revisión y de la introducción de un nuevo paquete de medidas en materia urbanística para impulsar la reconstrucción de las localidades afectadas, pero sin entrar en detalles y sin especificar si se ampliará la superficie considerada como inundable para evitar nuevos desarrollos urbanos. Además, la Generalitat está elaborando una nueva cartografía de las zonas inundadas, actualizando la medición del calado o profundidad del flujo de agua de los ríos Turia, Magro y Poyo.
A todas estas reformas legales se unen otras ya anunciadas anteriormente que suponen un traje a medida para facilitar la iniciativa privada en los desarrollos urbanos. Por ejemplo el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) de la Comunitat Valenciana aprobado en 2018 por el Gobierno del Botánico se cambiará por una Ley de Costas valenciana. Aunque aún se desconoce el detalle de su contenido, tan solo un mes después de la DANA el PP y Vox aprobaron la construcción de hoteles a 200 metros de la costa mediante decreto de simplificación administrativa. Con el Pativel tan solo se permitía a 500 metros de la costa y con unas dimensiones y características muy limitadas.
Además, como informó esta redacción, el Pativel protege 7.500 hectáreas de suelo en el litoral, de las que 1.100 están en zonas inundables. Al estar en suelos que ya eran urbanizables, si se elimina la legislación ese suelo será susceptible de ser urbanizado, salvo que lo impida una nueva normativa como podría ser la Ley de Costas valenciana.
El Gobierno de Mazón también tiene en marcha una propuesta de modificación de la la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que conduce a dejar el urbanismo en manos de los promotores, de forma que incluso podrían tener capacidad para modificar planes generales, una competencia exclusiva de los ayuntamientos.
Además, el decreto de vivienda protegida anunciado recientemente incrementa el precio máximo por módulo, al pasar de 2.200 euros metros cuadrados a 2.400 euros. El ejecutivo autonómico justifica el aumento de precio de las viviendas protegidas en la necesidad de incentivar a los promotores a construir este tipo de promociones para estimular la colaboración público-privada. El objetivo del decreto es impulsar la incorporación de 10.000 viviendas de protección pública en la legislatura para contener los precios.
