La actual situación de seguridad en el estado de Chiapas se ha vuelto alarmante, lo que deriva en la innegable necesidad de atención inmediata y soluciones integrales. Esto deriva de la creciente presencia de grupos de delincuencia organizada dentro del estado, mismos que han optado, de manera definitiva y constante, por reclutar a personas indígenas de la zona y a migrantes del sur de la República mexicana.
Ahora bien, como cereza del pastel a la gran problemática de seguridad, recientemente se designó a Óscar Aparicio Avendaño como el nuevo secretario de Seguridad Pública del estado de Chiapas.
Entremos en análisis. El estado de Chiapas, con su rica diversidad cultural y estratégica ubicación geográfica, se ha convertido en un punto de atención de gran relevancia para los grupos de delincuencia organizada, pues la evidente pobreza, marginación y falta de oportunidades que existen, tanto en las comunidades indígenas como entre los migrantes, han generado un campo muy amplio y propicio para que estas personas sean víctimas de reclutamiento forzado por las filas delincuenciales.
De conformidad con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), aproximadamente el 8.1% (ocho punto uno por ciento) de las niñas, niños y adolescentes en el estado de Chiapas se encuentran en un alto riesgo de ser reclutados por la delincuencia organizada. Es impactante ver la forma en que los delincuentes se aprovechan de estas situaciones, pero más impresionante es ver la vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos de personas a causa de una evidente inexistencia de Estado de derecho y voluntad política en el estado.
Ahora, como mencioné al inicio, llegó la decepcionante noticia de la designación de Óscar Aparicio Avendaño como secretario de Seguridad Pública del estado, quien, para el conocimiento de mis lectores, ha tenido cifras preocupantes en sus antiguos puestos. En Chihuahua, durante su gestión, se registraron más de 14,000 (catorce mil) “ejecuciones” (homicidios dolosos). Así, también, resulta que existen indagatorias por parte de autoridades ministeriales en su contra por encontrarlo vinculado con actividades ilícitas, incluyendo aquellas relacionadas con el narcotráfico.
De hecho, ha de recordarse que las investigaciones que se siguen en contra de Óscar Aparicio Avendaño han sido materia de los discursos que se dan en las conferencias matutinas, “mañaneras”, del Ejecutivo federal, pues resulta que dicho sujeto ha sido relacionado con diversos grupos de delincuencia organizada. Todo esto, hechos que ponen en duda y generan una gran polémica respecto de su designación y su nueva participación en el ámbito de la seguridad pública del estado de Chiapas.
Ahora, regresando a la actual inseguridad en Chiapas, tomando en consideración todo lo ya referido, surge el dato de que la región de la Frailesca en el estado ha sido escenario de enfrentamientos violentos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa; mismos estos que, como ya se mencionó, han afectado a las comunidades indígenas. Sin embargo, estas afectaciones no se quedaron solamente en eso, sino que, incluso, han derivado en la creación de nuevos grupos de delincuencia organizada, como lo es el nuevo “Cártel Chiapas-Guatemala”.
Ante todo este desalentador panorama que se observa dentro del estado de Chiapas, se vuelve ahora imperativo que las autoridades federales intervengan, a efecto de frenar aquello podrido dentro del gobierno estatal y, así, poder generar una estrategia integral y en colaboración que permita atacar de raíz este problema.
Es urgente que se atiendan y se les dé atención a los grupos más vulnerables del sur de nuestro país, pues no solo se están viendo afectados de manera negativa por la incesante inseguridad, sino que, ahora, también, se están volviendo parte del problema.
Es urgente, a su vez, que los nombramientos de servidores públicos de tan alta estirpe reciban mucha más atención en el ámbito de análisis respecto de su eficacia, para evitar designar a personajes que, lejos de sumar, terminan por destruir la confianza ciudadana y la efectividad de las políticas públicas.
La situación tan delicada en Chiapas es un grito de auxilio de nuestro país para el inicio de acciones coordinadas entre el gobierno y la sociedad civil. Solo mediante una estrategia integral y el compromiso de todos los mexicanos se podrá regresar la paz, la seguridad y el Estado de derecho, no solo a Chiapas, sino a toda nuestra nación.
