Por más que los panegíricos del régimen y la misma presidenta de la República se desgañiten en ensalzar las virtudes de su reforma judicial construida con mayorías artificiales en el Congreso, en los hechos resultó un fracaso, simplemente porque es una ocurrencia ideada por López Obrador para ocultar sus afanes de venganza contra el Poder Judicial y en particular con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La mafufada de elegir por voto directo de la ciudadanía a los juzgadores resultó más complicada de instrumentar que lo que preveían los más optimistas del oficialismo.
Vamos, ni siquiera el INE de Taddei puede con el paquete, cuantimás si les piensan etiquetar menos recursos de los 14 mil millones de pesos que, dicen, va a costar el proceso electoral.
Si la presidenta Claudia Sheinbaum en verdad quiere apoyar a los más pobres y en el escenario el gobierno carece de los ingresos suficientes para cubrir el creciente gasto exponencial que representa fondear todos los programas asistenciales y las obras que dejó inconclusas Andrés Manuel López, y que muchas de ellas solo han servido para seguir sangrando el erario público, debería mejor ahorrarse el costo de la elección de jueces, magistrados y ministros y canalizarlos para apoyar, por ejemplo, a las mipymes en su desarrollo para producir todos los productos que importamos de China y con ello generar más empleos y pagar más impuestos.
Los verdaderos juristas y auténticos expertos en el tema apuntan que la selección de los juzgadores evidencia una fractura institucional que amenaza la independencia judicial.
Se constituyeron tres comités, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y resultó que se rigen por tres estándares diferentes, ya que mientras el Poder Judicial evalúa con rigor técnico y exámenes escritos, el Congreso y Ejecutivo inflan el padrón de postulantes con filtros light y bajo el crisol del cuatismo. Que es aquel que está plagado de discrecionalidad.
Esos filtros del oficialismo no impiden que los nuevos jueces provengan de los malosos o de grupos contrarios a los intereses de México.
Cuando el Ejecutivo puede estimar a quien sea idóneo, sin exámenes ni criterios claros, abre la puerta a favoritismos y a la subordinación del Poder Judicial. Esto no solo pone en riesgo la autonomía de los jueces, sino que compromete el acceso ciudadano a una justicia imparcial.
La insaculación, disfrazada de imparcialidad, permite que los menos preparados lleguen a cargos más altos, mientras que los mejores perfiles quedan relegados.
En un país con 95 por ciento de impunidad, no podemos darnos el lujo de elegir a jueces sin experiencia o lealtad al Estado de derecho.
Eso afecta directamente a los ciudadanos: jueces sin preparación decidirán sobre nuestras vidas, libertades y derechos. Un sistema judicial cooptado o ineficiente se traduce en corrupción, impunidad y debilitamiento de la democracia.
El análisis del listado que presentaron el Ejecutivo y el Legislativo arroja resultados que dan risa y obvia preocupación, como el hecho del registro de personas que carecen de los mínimos conocimientos, ya no digamos para ser impartidores de justicia, sino para aprobar la carrera de abogado. Vamos, hay nombres triplicados y no dude, estimado lector, que debe haber uno que otro neófito en la materia.
Al fiel estilo de la 4T, en donde todo es mentira y simulación, y lo más grave de ello es que tiran recursos públicos millonarios al bote de la basura.
Si es tanto el odio y el temor de contar con un Poder Judicial independiente y autónomo que incluso llame a cuentas al anterior presidente y secuaces, por qué mejor no hacen una lista de jueces afines y con ello se ahorrarían los recursos públicos y la vergüenza de cargar con una elección desastrosa.
Ahora, para ser juez, se requiere una suerte de los mil diablos para salir sorteado; si un interesado carece de ella, tan solo basta ser cuate de alguien de la 4T con poder y listo, su tema ya está arreglado, aunque a la hora de hacer valer el orden constitucional carezca de los conocimientos y la experiencia para cumplir con la alta encomienda.
En manos de esos pelafustanes estará el destino de los ciudadanos que tengan necesidad de dirimir sus diferencias ante un juez.
Tanto la instancia del amparo como el acudir a buscar la protección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos están bajo los designios del régimen autocrático, entonces, ¿cómo se defenderá el ciudadano de pie ante una injusticia o el atropello del poder público?
Y luego se quejan de los amagos de nuestros principales socios comerciales por dejar a México al margen del T-MEC o de desconfiar del nuevo sistema judicial propio de una dictadura.
